Las compañías, presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente, están ubicadas en Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca. Se enfrentan a penas de prisión de seis meses a dos años.
La Guardia Civil ha investigado a 22 empresas que podrían estar implicadas en un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. En concreto, estas se dedicaban -tal y como señalan fuentes del Cuerpo Armado- “al tratamiento y la comercialización incorrecta de residuos peligrosos procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos”: entre ellos, compresores de aires acondicionados.
“La documentación que hemos analizado durante este año (tiempo que ha durado la investigación)- detallan- revela que cerca de 600.000 kilos de compresores han sido enviados a Pakistán (Asia) sin que se pueda acreditar una buena descontaminación”.
Además, los investigadores han localizado más de 133.000 kilos de compresores (15.019 unidades) en las empresas inspeccionadas de Alicante (6 empresas), Valencia (4), Murcia (6), Almería (2), Málaga (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) y Mallorca (1).
Hay que mencionar que la suma total de los compresores enviados a Pakistán y los encontrados en territorio nacional supondrían una emisión aproximada de 35.385 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Más detalles sobre el caso
En total y de forma inicial, se investigaron a más de 40 empresas de toda la geografía española: “Bajo la sospecha de que podría haber más empresas implicadas, se decidió investigar los lugares de origen y tránsito de éstos y otros residuos, así como el destino final de los mismos. En total se inspeccionaron 43 empresas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza”, especifican fuentes de la Benemérita.
“En muchas de ellas -continúan-, se localizaron compresores sin descontaminar y que no contaban con las autorizaciones preceptivas para el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)“.
“Sin embargo -matizan-, el método más habitual fue el de la canibalización, que consiste en desmontar los aparatos rompiéndolos de forma abrupta o cortando directamente los tubos de los aires acondicionados o los frigoríficos, para conseguir sacar el cobre u otras piezas de valor del interior”.
Del estudio de la documentación, se comprobó que en Pakistán era donde finalmente se les valoraría en una planta de desmantelamiento para su posterior fundición.
Siguientes pasos
Este medio se ha puesto en contacto con la Sección Seprona de Alicante, que es la que ha llevado el caso, y nos confirman que “sus instructores ya han trasladado el caso a la autoridad judicial, donde se iniciará un procedimiento para determinar la responsabilidad de cada empresa”.
“No obstante -han aclarado al área de Climatización y Confort de ‘C de Comunicación’-, las empresas han sido investigadas como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente, castigados en el vigente código penal con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años”.
“Si las conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado”, detallan estas mismas fuentes.
Cabe mencionar que de los compresores encontrados, y así lo confirman desde Seprona, el 60 % eran de aires acondicionados, mientras que el 40 % pertenecían a frigoríficos.
