La macrooperación, que se inició a finales de abril y continúa abierta, ha conllevado el inicio de comprobaciones inspectoras a 74 sociedades y 25 personas físicas vinculadas en un total de 71 almacenes de construcción de 14 comunidades autónomas.
La Agencia Tributaria ha abierto la operación Argamasa, que busca luchar contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción en un total de 14 comunidades autónomas.
La macrooperación, que se inició a finales de abril y continúa abierta a día de hoy, conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 74 sociedades y 25 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 300 funcionarios de la Agencia en un total de 71 locales.
De momento, el dispositivo desplegado por la Agencia Tributaria ha alcanzado a almacenes que están ubicados en 14 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Las identidades de las empresas y personas físicas objeto de la operación aún no han trascendido.
Uso de cobro con tarjetas y escasas imposiciones en efectivo
Tal y como aseguran desde la Hacienda, las empresas afectadas por la operación Argamasa son sociedades dedicadas a la venta de materiales de construcción, aunque “el pequeño comercio no es objeto de operación”.
Los principales indicios de la Agencia Tributaria están basados en el incremento de la facturación de estas empresas, que a su vez mostraban márgenes netos “sensiblemente inferiores a los del conjunto de su sector”.
A todo ello, se suma el hecho de que “la venta de materiales de construcción es un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas“.
“Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas (menos de un 6 % de la facturación) merecen especial atención y un examen más exhaustivo sobre la correcta declaración de los ingresos”, precisan desde la Agencia Tributaria.
Signos externos de riqueza de los empresarios
Otro elemento que se ha considerado para la selección de estas empresas es el hecho de que “en las personas físicas asociadas con estas empresas se han encontrado diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe”, tal y como explican desde la Agencia.
Así, con las inspecciones presenciales llevadas a cabo por los agentes que forman parte del operativo, “la Agencia logra acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas”.
De hecho, en algunas de las inspecciones ya realizadas “se ha detectado la existencia y utilización de software de ocultación de ventas o ‘doble uso”, aseguran.
El sector de la construcción, en el punto de mira
Tras estas primeras actuaciones, la Agencia Tributaria ha advertido de que a lo largo de 2023 mantendrá presencia en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida.
Y mencionan particularmente al sector de la construcción y las reformas, “ámbito en el cual la presente operación se está acompañando de ‘cartas aviso’ a otras empresas, informando de la conveniencia de revisar sus magnitudes económicas y tributarias declaradas, así como de visitas (‘peinados fiscales’) para el control in situ de las obligaciones formales y registrales”, concluyen desde la Agencia Tributaria.
Cabe destacar que la operación, que está coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, cuenta con la participación de más de 280 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de una veintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia, así como con el apoyo de agentes policiales.
