A la espera de un mayor desarrollo de algunos detalles de la nueva normativa, tanto el sector de las renovables como el de la cogeneración se han pronunciado al respecto.
Este jueves, 25 de junio, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. La nueva normativa salía publicada en el BOE este miércoles, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Tal y como explican desde el Ejecutivo, el nuevo decreto ley está integrado por “una batería de medidas para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100 % renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo“.
“La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones”, añade.
La esencia del real decreto
El Real Decreto-ley 23/2020 se divide en cuatro bloques:
- El primero incluye la regulación de acceso y conexión, y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable: se modifica la Ley del Sector Eléctrico en lo referente al precio de la energía. Así, el Gobierno desarrollará reglamentariamente otro marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.
- El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso del almacenamiento (que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables); la hibridación (que combina diversas tecnología en una misma instalación); la figura del agregador independiente (que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico); y las comunidades de energía renovables (ciudadanos y autoridades locales podrán ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades).
- En tercer lugar, la normativa aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética: se crea el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética (hasta el 31 de diciembre de 2030) por el que se asignará a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro.
- y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.
Apoyo a la cogeneración, biomasa y lodos de aceite
La normativa también hace referencia, en el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, a las de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas.
“Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías”, señala el Ministerio de Transición Ecológica.
Para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma: “Adicionalmente, se reducen un 50 % los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente acciones a las medidas propuestas”, agrega.
Algunas reacciones…
Tanto el sector de las renovables como el de la cogeneración se han pronunciado al respecto. APPA Renovables y Acogen han coincidido en señalar que las medidas decretadas son “positivas” para el sector, a la espera de su pormenorización en próximos desarrollos.
“El sector propone que algunas medidas contempladas en el RDL – como la revisión de parámetros – se extienda a todas las tecnologías renovables durante todo 2020 y se revise con carácter anual”, han añadido desde la asociación, que también ha señalado que “el reconocimiento del Gobierno de que las renovables son la fuente de energía más barata no debe estar reñido con medidas que den visibilidad al retorno de las inversiones”.
Por su parte, Acogen argumenta que “apreciamos la flexibilización de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones afectadas durante este año 2020, que sin duda permitirá a nuestras industrias una mejor adaptación al entorno actual de las necesidades productivas”.
“Confiamos en que tras las soluciones que el Gobierno ha tomado para ajustar el complejo periodo de alarma que hemos vivido, también desarrolle de la misma forma con celeridad las órdenes consiguientes para que los cogeneradores tengamos la necesaria certidumbre regulatoria para, desde el 1 de julio, seguir impulsando la recuperación de nuestras actividades productivas y con ellas las exportaciones y el empleo”, señalan desde la asociación que representa a las industrias españolas calorintensivas.
