A falta de menos de un mes y medio para que finalice el plazo que obliga a 1,5 millones de viviendas españolas a contabilizar individualmente sus consumos de calefacción central, casi dos tercios de estos edificios no han instalado aún repartidores de costes.
A falta de menos de un mes y medio para que finalice el plazo que obliga a 1,5 millones de viviendas españolas a contabilizar individualmente sus consumos de calefacción central, solo entre un 30 y un 35 % de estos edificios han instalado los repartidores de costes, según datos de ISTA.
Desde la compañía ven con “preocupación el excesivo relajamiento de las comunidades de vecinos con calefacción central en cumplir con la normativa, o al menos pedir los presupuestos previos a la instalación”.
De hecho, con los números encima de la mesa, “la posibilidad de cumplir los plazos es un auténtico milagro“, aseguran.
En zonas como Galicia y algunas provincias de Castilla y León el retraso es aún mayor, lo que supone “un gasto innecesario para los habitantes de estas viviendas, que no pueden beneficiarse de los ahorros derivados de la instalación de repartidores de costes”, cifrados en el 30 %.
Además, esta situación “está limitando el acceso a la tarifa TUR4 a muchas comunidades de vecinos”, que tienen que presentar el certificado de inspección de una instalación que todavía no han acometido. De esta manera, sufren un mayor sobrecoste en su factura energética“, asegura Ignacio Abati, director general de ISTA.
Un plazo de tres años
“Han sido cerca de tres años desde que se aprobó la normativa -continúa Abati- y, aunque entendemos que las comunidades han precisado de un tiempo para conocer el contenido del Real Decreto, saber si estaban obligadas por él y buscar un proveedor de confianza, creemos que es tiempo más que de sobra para que la instalación ya estuviese realizada”, indica Abati.
El extenso número de viviendas en los que aún no se han instalado estos repartidores supone “una oportunidad para los instaladores, ya que se podrían generar unos 3.000 puestos de trabajo estables para los próximos tres o cuatro años, tal y como publicó recientemente este medio.
Multas de hasta 10.000 euros
En el caso de que una comunidad de propietarios deba realizar la instalación y no la haya ejecutado al finalizar el periodo establecido, la legislación contempla diversas sanciones basándose en la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
La normativa establece que aquellos edificios que no cumplan con las medidas referentes a la eficiencia energética, como la instalación de contadores, pueden ser sancionados con multas que van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros.
“Hacen falta recursos y voluntad por parte de las administraciones locales y los diferentes agentes del sector, para que cerremos con éxito el periodo fijado para que todas las viviendas obligadas a individualizar su consumo de calefacción central puedan instalar los repartidores de costes”, finaliza Ignacio Abati.
