Cinco meses después de la entrada en vigor del nuevo impuesto especial que recae sobre los envases de plástico no reutilizables, charlamos con CONAIF y CNI para conocer cómo está afectando a las empresas instaladoras.
Desde este 1 de enero, ya está vigente la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados. Esta norma establece un nuevo impuesto especial, un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización en el territorio español de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables.
Cinco meses después de su entrada en vigor, este medio se ha puesto en contacto con CNI y CONAIF para conocer cómo está afectando este nuevo impuesto a las empresas instaladoras.
Profesionales afectados por la normativa
La directora de CNI, Blanca Gómez, indica que esta norma no atañe tanto a las empresas instaladoras como a otros fabricantes, ya que el instalador compra habitualmente a proveedores españoles, por lo que los productos contenidos en envases de plásticos no reutilizables llevan ya el impuesto incorporado en la factura.
Por tanto, tal y como asegura Gómez, esta medida “afecta a una minoría de empresas instaladoras que adquieren en la Unión Europea productos contenidos en envases de plástico no reciclado y que superan los 5 kilogramos al mes“.
Una opinión también compartida por José Cueto, responsable de comunicación de CONAIF, que señala que la afectación al colectivo de empresas instaladoras españolas integradas en la confederación es relativamente pequeña. El principal motivo es que la mayoría de ellas compran material a almacenes o distribuidores locales en su operativa diaria, por lo que las obligaciones formales les afectan de forma tangencial.
Sin embargo, Cueto advierte de que hay un aspecto que sí concierne a toda la cadena de valor de las instalaciones. Se trata del incremento de los precios asociados a la cadena de distribución, “que puede suponer una amenaza para la viabilidad de las empresas al aumentar los costes y reducirse la demanda”, matiza.
Análisis tras cinco meses de impuesto
En cuanto a las dificultades a las que se están enfrentando las compañías para cumplir esta normativa, la directora de CNI , Blanca Gómez, explica que existían varias dudas al principio ante la campaña realizada por la agencia tributaria para recordar los plazos del pago del impuesto y la inscripción en el registro de productores.
“Desde CNI – argumenta Gómez- pensamos que además de medidas punitivas, deberían ponerse en marcha medidas incentivadoras, ya que son las que mejor funcionan porque el propio usuario consumidor las busca para conseguir un beneficio, lográndose los objetivos pretendidos”.
No obstante, entiende que se trata de una medida “necesaria y la apoyamos para impulsar la sostenibilidad del sistema porque tenemos que acostumbrarnos a reducir, reciclar y reutilizar”.
Una merma para la productividad de los instaladores
Por su parte, desde CONAIF aseguran que los técnicos están viendo cómo productos de uso cotidiano empleados en la ejecución de mantenimientos e instalaciones se están encareciendo en algunos subsectores, como la climatización y la refrigeración.
“Esto viene a agudizar un problema al que las empresas instaladoras nos estamos enfrentando, puesto que en el último trimestre del año pasado se produjo una modificación del impuesto de gases fluorados de efecto invernadero que supuso un incremento de costes”, expone Cueto.
Y es que, para CONAIF, “este impuesto de envases y plásticos no reutilizables y el de los gases fluorados comparten la misma estructura y ambos suponen una merma para la competitividad de las empresas instaladoras”.
Por este motivo, reconocen que solicitarán a la Administración una moratoria en la aplicación de este impuesto que permita a todos los sectores y agentes afectados conocer claramente su grado de implicación, cómo les afecta y establecer los canales de comunicación adecuados.
