La Fiscalía y los abogados defensores han alcanzado un acuerdo de conformidad, por lo que las condenas a fontanero y técnico quedan reducidas a un año de prisión y tres de inhabilitación para ejercer la profesión y para autorizar instalaciones, respectivamente.
Un juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca ha condenado este lunes a un fontanero y a un técnico a un año de prisión y tres de inhabilitación por homicidio por imprudencia profesional grave, tras la muerte de un hombre por intoxicación debido a la instalación deficiente de una caldera en una vivienda de Son Servera.
La persona fallecida, un pintor alemán de 54 años, inhaló una gran cantidad de monóxido de carbono mientras ejercía su trabajo en una casa que estaba siendo reformada, hecho que le provocó una parada cardiorrespiratoria con el trágico desenlace posterior.
Un fallecimiento, que según el juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca que ha dictado la sentencia, podría haberse evitado con el “correcto y diligente actuar de ambos acusados”.
Un error en la colocación del tubo de salida
Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando un fontanero instaló una caldera de condensación activada por gas propano en el garaje de la citada vivienda y cursó el pertinente aviso a la empresa fabricante, quedando a la espera de que la instalación superase los controles de verificación.
Durante su visita al domicilio, el técnico comprobó que la salida de humos había sido instalada de manera incorrecta, puesto que no estaba dirigida hasta el exterior de la vivienda.
Sin embargo, tras realizar las mediciones y verificar que no existían fugas de gas, elaboró un informe en el que valoraba de manera positiva la instalación de la caldera y autorizaba su funcionamiento, a pesar de que no se había procedido a dirigir el tubo de extracción de gases hacia el exterior de la vivienda, por lo que existían “graves defectos de seguridad“.
El técnico advirtió al fontanero de la necesidad de redirigir el tubo de salida de humos antes de poner en marcha el sistema de calefacción, pero éste no hizo caso de las advertencias y puso en marcha la caldera sin redirigir el tubo de salida, quedando el equipo encendido durante la madrugada previa a que el pintor realizara los trabajos en la vivienda, lo que produjo una gran condensación en el interior de la caldera que resultó fatal.
Un año de prisión y tres de inhabilitación
Aunque en un primer momento, la Fiscalía reclamó penas de tres años de prisión para fontanero y técnico, finalmente el ministerio público y los abogados defensores han alcanzado un acuerdo de conformidad.
De este modo, las condenas quedan reducidas a un año de prisión y tres años de inhabilitación para ejercer la profesión y para autorizar la instalación de su caldera.
ASINEM pide medidas preventivas y seguimiento
Este medio ha podido hablar con David Gimeno, secretario técnico de ASINEM (Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares), que reflexiona sobre la importancia de adoptar medidas preventivas y prestar una mayor atención a la seguridad en las instalaciones para evitar tragedias como las de Son Servera.
Gimeno denuncia que “no existe seguimiento sobre quién instala los equipos comprados directamente por el cliente” y recuerda que las calderas o equipos de aire acondicionado que se venden en las grandes superficies deben ser instalados por profesionales cualificados y autorizados.
Además, incide en que las instalaciones deben regirse por el correspondiente reglamento y las tareas de mantenimiento y revisión tienen que ser realizadas por instaladores certificados.
Regulaciones estrictas e inspecciones
Desde ASINEM también instan a las autoridades competentes a implementar regulaciones más estrictas, controles de calidad y un plan ambicioso de inspecciones a las empresas habilitadas y a las que se anuncian como tales sin serlo (todo parece indicar que la de Son Servera no estaba habilitada).
Por último, recuerdan que las empresas habilitadas deben disponer de un seguro de responsabilidad civil (RSC) y hacen un llamamiento a los clientes y usuarios para que “contraten a empresas que demuestren un seguro de responsabilidad civil en vigor”.
