CONAIF y FEGiCAT mantienen una postura de rechazo a la nueva jornada laboral reducida de 37,5 horas. Ambas entidades advierten que la nueva medida podría afectar gravemente a autónomos, micropymes y pymes.
Si hubiera que crear una imagen sobre lo que está suponiendo la propuesta del Gobierno central de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas sería algo así como dos orillas, alejadas y separadas por un río demasiado ancho. En una de las tierras, estaría el Gobierno de España y en la otra, asociaciones, federaciones, patronal y empresarios del sector de las instalaciones. Ni siquiera se estarían mirando desde la lejanía. FEGiCAT y CONAIF son dos ejemplos de ese rechazo absoluto a la propuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña manifestó, ya a finales de la semana pasada, su “oposición firme y decidida a la propuesta de la jornada laboral”. Una negativa, justificaron, por su “preocupación por las graves consecuencias económicas y organizativas que podría tener sobre las pymes”. De hecho, con los últimos estudios, FEGiCAT estima la pérdida directa de 500 millones de euros en el sector de la instalación en Cataluña. Un coste que vendría derivado de la disminución del tiempo de trabajo y la pérdida generada debido a la reducción de la producción.
Precisamente, CONAIF se suma a ese “rotundo rechazo”, alineándose con las tesis mantenidas por organizaciones tales como CEPYME y Cofemetal. Este no a la reducción de jornada, desde el punto de vista de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos, se debe a que “supondrá un sobrecoste en el pago de las nóminas para las empresas instaladoras, un descenso de la rentabilidad y un freno a la contratación de personal”.
La “asfixia” de pymes y micrpymes
La imposición de una jornada laboral reducida “sin considerar las particularidades del sector”, en palabras del manifiesto de FEGiCAT, pone en riesgo “la capacidad de las empresas para responder de manera eficaz y eficiente a las demandas del mercado“. Unas empresas que “no pueden asumir el incremento de costes laborales derivado de esta decisión sin ver comprometida su competitividad y capacidad de inversión”.
En este sentido, CONAIF advierte que “esta medida será especialmente gravosa para los autónomos, micropymes y pymes con una plantilla reducida y, por tanto, con mayores problemas para gestionar los horarios”. La confederación lamenta que esta reducción “supone la asfixia de las empresas más pequeñas y afecta de forma directa a su competitividad”.
Nueva propuesta
FEGiCAT instó al Gobierno a reconsiderar esta propuesta y fomentar un “diálogo abierto y constructivo” con los agentes sociales. Esta petición llegaba a finales de la semana pasada y esta comenzó, ayer lunes, con una nueva propuesta realizada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en el marco de la Mesa de Diálogo Social, para lograr un acuerdo sobre la reducción de jornada que incluya a la CEOE y CEPYME.
Esta nueva proposición ofrece una mayor “flexibilidad” en la capacidad de las empresas para distribuir irregularmente el tiempo de trabajo una vez que entre en vigor la rebaja propuesta por el Gobierno de 37,5 horas semanales en 2025. Tras la reunión, Pérez Rey precisó que las empresas “pueden actualmente distribuir irregularmente hasta un 10 % de la jornada anual”.
Lo que ahora ofrece Trabajo es flexibilizar ese 10 % con la entrada en vigor de la nueva jornada. Es decir, “ofrece algunos márgenes más de distribución irregular de la jornada”.
