El decreto introduce incentivos económicos para bombas de calor a través del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
El Real Decreto-ley 7/2026, en vigor desde el 22 de marzo tras su publicación un día antes, incorpora medidas técnicas y económicas que afectan directamente a la actividad de las empresas instaladoras. La norma forma parte del plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio y modifica aspectos relevantes del mercado energético y de las instalaciones.
El decreto introduce incentivos económicos para bombas de calor a través del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Estas ayudas aumentan en función del ahorro conseguido al sustituir equipos fósiles, lo que reduce el tiempo de amortización de las instalaciones y favorece su adopción, especialmente en viviendas vulnerables.
Uno de los principales cambios se produce también en el autoconsumo colectivo, cuyo radio de actuación se amplía de 2 a 5 kilómetros. Esta modificación permite desarrollar proyectos para varios usuarios en un área más extensa, como polígonos industriales o comunidades residenciales.
Además, se crea la figura del gestor de autoconsumo, lo que abre la puerta a que los instaladores amplíen su actividad hacia la gestión energética.
La norma también refuerza las deducciones fiscales vinculadas a la rehabilitación energética. Los particulares podrán beneficiarse de deducciones de hasta el 60 % en función del nivel de mejora energética alcanzado, además de incentivos específicos para instalaciones de autoconsumo, tanto individuales como colectivas.
En cuanto al acceso a la red eléctrica, se establecen nuevas condiciones para evitar bloqueos especulativos. Entre ellas, un sistema de pagos por reserva de capacidad y el cumplimiento de hitos obligatorios en plazos definidos. El incumplimiento de estos requisitos supondrá la pérdida automática de los permisos, lo que obliga a una mayor planificación de los proyectos.
El decreto introduce también medidas operativas para agilizar la relación con las distribuidoras. Destaca la obligación de resolver los cambios de potencia en un máximo de cinco días y la eliminación de penalizaciones por modificaciones contractuales en determinados casos. Asimismo, se flexibilizan los contratos energéticos para empresas hasta finales de 2026, permitiendo ajustes sin coste en potencia o caudal.
Para las empresas instaladoras, se incluye la libertad de amortización de inversiones en autoconsumo y puntos de recarga de vehículos eléctricos, con un límite de 500.000 euros. No obstante, esta medida está condicionada a no realizar despidos vinculados a la crisis hasta junio de 2026.
El decreto contempla además la creación de Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), orientadas a reducir trabas administrativas y acortar los plazos de tramitación en proyectos energéticos.
Aunque muchas de las medidas ya son aplicables, como los cambios en contratos o la ampliación del autoconsumo, otras —como el desarrollo del sistema CAE o la operativa del gestor de autoconsumo— dependerán de normativa adicional.
