El próximo 7 de marzo termina el plazo para que las empresas de entre 50 y 100 trabajadores aprueben sus Planes de Igualdad. Es la fecha legal clave más próxima de un trimestre en el que han entrado en vigor varias normativas de interés para el sector. Las repasamos de la mano de CNI.
El 2022 ha comenzado con una serie de cambios legales para los instaladores, que obligan a cumplir determinados requisitos por la aprobación de algunas normativas relacionadas con el sector. A continuación, repasamos de la mano de CNI las fechas de su entrada en vigor y los principales cambios que supondrán:
• 1 de enero
Este 1 de enero entraron en vigor varias normativas relacionadas con el sector:
– Reglamento Europeo de Gases Fluorados: Con su aprobación, queda prohibida la comercialización de centrales frigoríficas multicompresor compactas para uso comercial, con una capacidad valorada igual o superior a 40 kW, que contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de ellos con un PCA igual o superior a 150; y de frigoríficos congeladores para uso comercial que contengan HFC con PCA igual o superior a 150.
– Anteproyecto de ley de residuos contaminados: Con esta normativa, en las obras de demolición, deberá asegurarse la retirada y el manejo seguro de sustancias peligrosas, y los trabajos se llevarán a cabo garantizando la retirada selectiva de las fracciones de materiales.
– Modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: Con este Real Decreto, se modifica el plazo de garantía legal, que pasa de dos a tres años. Por su parte, los servicios de postventa de reparación estarán obligados a disponer de piezas de repuesto durante un plazo de diez años desde que el producto dejó de fabricarse, en vez de los cinco años que estaban regulados anteriormente.
– Requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local de combustible sólido: Mediante este reglamento comunitario, queda prohibida la comercialización e instalación de equipos que no cumplan con determinados requisitos de diseño ecológico.
• 2 de enero
El 2 de enero entró en vigor el Real Decreto 809/2021, que sirve para crear una nueva instrucción técnica complementaria para equipos a presión, con presión máxima admisible superior a 0,5 bares, de las terminales de gas natural licuado.
Esto supone que, a partir de ahora, la habilitación se llevará a cabo mediante declaración responsable por tiempo indefinido. Además, establece un seguro obligatorio de RP mínimo de 300.000 (EIP-1), y 600.000 (EIP-2) para empresas instaladoras.
El Real Decreto también obliga a las empresas instaladoras categoría EIP-2 a tener como mínimo a una persona técnica titulada universitaria competente contratada a jornada completa.
• 1 de febrero
El 1 de febrero era la fecha límite para que los propietarios de edificios de menos de 20 viviendas localizados en la zona climática C, soliciten al menos un presupuesto que será gratuito, a una empresa instaladora valorando viabilidad técnica y rentabilidad económica.
Los equipos solo podrán instalarse si son técnica y económicamente viables, para lo que es necesario que la empresa que realiza el mantenimiento de la instalación térmica centralizada asesore sobre su posible exclusión de la obligación de instalar equipos de contabilización.
El titular (la comunidad de propietarios o el dueño del edificio) es el responsable de que se cumpla este Real Decreto. En caso de incumplimiento, las multas serán de entre 1.000 y 10.000 euros y corresponderá a las comunidades autónomas la tarea de inspeccionar y multar.
• 7 de marzo
Las empresas que tengan en su plantilla entre 50 y 100 trabajadores tienen hasta el próximo 7 de marzo aprobar sus Planes de Igualdad, que buscan poner solución a retos como la brecha salarial o el llamado “techo de cristal” a través de una serie de actuaciones.
Según los datos del INE, se estima que la medida pueda afectar a unas 12.000 empresas activas.
Las empresas que no cumplan con esta obligación pueden ser sancionadas con multas que podrían ir desde los 750 hasta los 7.500 euros. Además, se contemplan otras sanciones accesorias como la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y de los beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo.
