Los comerciantes y una gran cantidad de profesionales -entre los que se encuentran fontaneros y electricistas- tendrán que pagar multas de 30 euros cuando se nieguen a cobrar con tarjeta a sus clientes. El objetivo es luchar contra la evasión fiscal.
Italia impondrá multas administrativas a los comerciantes y profesionales -entre los que se incluyen fontaneros y electricistas– que se nieguen a cobrar a sus clientes con tarjeta. La medida está en vigor desde este jueves y tiene el objetivo de luchar contra la evasión fiscal.
El Real Decreto Ley de nuevas medidas urgentes para la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia prevé una sanción adiministrativa de 30 euros, incrementada en un 4 % del valor de la operación por la que se haya denegado la aceptación del pago. Por ejemplo, en caso de que una empresa no acepte un pago de 100 euros a través del TPV, se enfrentaría a una sanción de 34 euros (30 de multa fija y 4 de variable).
La medida afectará a un gran número de figuras profesionales, entre las que se encuentran fontaneros, electricistas, carpinteros, herreros, restauradores, ingenieros, abogados, notarios, médicos, vendedores ambulantes o ingenieros, entre otros.
¿Cómo hacer cumplir la normativa?
Sin embargo, la asociación italiana de consumidores Codacons ha alertado de que los comerciantes y profesionales pueden utilizar distintos “trucos” para impedir que los clientes paguen con dinero electrónico. Y es que, las disposiciones excluyen la obligación de pagar con tarjeta en caso de “imposibilidad técnica objetiva“, por lo que si el profesional declara tener el TPV fuera de uso debido a un fallo técnico, no está sujeto a sanción.
Además, para sortear la nueva normativa, los comerciantes y profesionales podrán a acogerse a la opción de utilizar un solo tipo de tarjeta de crédito (por ejemplo, de cajero automático), restringiendo de esta manera el derecho de los usuarios que no dispongan de este tipo de tarjetas su derecho a pagar con dinero electrónico.
Esto supone que, tal y como explica la asociación Codacons, “la norma corra el riesgo de ser difícil de implementar“. Además, al establecer la multa en 30 euros se puede dar la paradoja de que en algunos casos el procedimiento sancionador tenga un coste superior al valor de la sanción, lo que conlleva un “evidente perjuicio para las arcas fiscales“, advierte el presidente de Condacons, Carlo Rienzi.
Cabe recordar que la medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros del país itálico y está en vigor desde este jueves 30 de junio.
