Según el informe 'Impacto de la reducción de la jornada laboral', elaborado por la patronal, las pymes serán las más afectadas: lamentan el poco margen de maniobra, así como el coste añadido para las empresas.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) se ha mostrado muy crítica ante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas planteada por el Gobierno. Según el informe ‘Impacto de la reducción de la jornada laboral’, elaborado por la patronal, las pymes serán las más afectadas: lamentan el poco margen de maniobra, así como el coste añadido para las empresas.
El informe fue presentado el 1 de julio y CEPYME manifestó su malestar en su Asamblea General Anual, el pasado 3 de julio. La patrona pide frenar “la injerencia del Gobierno en la empresa”.
1.013 euros más por trabajador al año
El coste directo anual por trabajador, de media, tras implantar esta medida sería de 1.013 euros, con sectores que llegarían a duplicar esa cifra. Las industrias extractivas serán las más damnificadas con 2.142 euros anuales por empleado. A estas, le siguen el sector de la electricidad y el gas (1.723 euros por año y trabajador), actividades inmobiliarias (1.570 euros), transporte (1.476 euros), comercio (1.456 euros) y actividades profesionales y técnicas (1.403 euros).
El informe de la confederación estima, además, un coste total de 11.800 millones de euros para las empresas, debido al aumento de la remuneración por horas no trabajadas.
Otra de las advertencias que lanzan desde CEPYME es el escaso margen de maniobra: la nueva jornada laboral entraría en vigor el 1 de enero del 2025, lo que daría un corto plazo para que las empresas se adapten.
“Basta ya”
A través de un comunicado, la confederación critica profundamente la nueva reducción de jornada. “Las pequeñas y medianas empresas españolas decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa“, comienza el escrito.
“Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresas”, urgen. En esta línea, denuncian “la sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo”.
Desde la confederación, consideran “imprescindible” que se respalde la iniciativa privada y se aliente “el aumento de la inversión y la productividad, como factores determinantes para impulsar el bienestar de la población”.
Unilateralidad
En el manifiesto, la patronal hace referencia a las diferentes medidas del Gobierno, lanzadas con el apoyo de los sindicatos, pero sin contar con el respaldo del sector empresarial. En este sentido, apuntan lo siguiente: “La aprobación de reformas por parte del Gobierno que intervienen en el funcionamiento de la empresas y hurtan la flexibilidad necesaria para su desarrollo debe cesar”
“El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces”, agregan.
Y van más allá. Solicitan que “cese la estigmatización del empresario“. “la empresa ha dejado de ser vista como un actor fundamental de la sociedad para ser utilizada como un instrumento de polarización política”, lamentan. “Exigimos al Gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario”.
