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Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.

El Gobierno declara la emergencia climática en España y anuncia treinta líneas de acción

Lo hizo ayer en su Consejo de Ministros, en el que se comprometió a desarrollar cinco de estas medidas en los primeros cien días. La actual vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la encargada de explicarlas, y subrayó que "la declaración de emergencia climática nos permitirá ir mucho más deprisa".

El Gobierno ha declarado la emergencia climática en nuestro país. Una decisión que ya figuraba en la agenda de su Consejo de Ministros, celebrado en el día de ayer. "Éste acuerdo nos permitirá ir mucho más deprisa", subrayaba Teresa Ribera, actual vicepresidenta de Transición Ecológica.

"Es una respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medioambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Además de una muestra del compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático", añadían desde el Ejecutivo.

A la mencionada Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental, y dentro del acuerdo por el que ha sido aprobada y que se puede leer al completo aquí, le acompañan una treintena de líneas de acción. Cinco de ellas son las que el Gobierno se ha comprometido a desarrollar en sus primeros cien días.

Las primeras cinco líneas de acción

  • Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
  • Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
  •  Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
  • Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
  • Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Estas, y en palabras del nuevo Consejo de ministros, "integran el marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración". Entre ellas figuran la remisión al Parlamento del Proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050, y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

Un proyecto "transversal" y "justo"

En el acuerdo también se menciona que "la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás". 

Asimismo, y en cuanto a las ayudas públicas, el Ejecutivo ha afirmado que "se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas".

"En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking", añade.

El Gobierno ha recordado que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, ha hecho referencia al PNIEC 2021-2030, que "sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100 % renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente". 

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