Son cifras estimadas que Andimac ha hecho públicas, y que se corresponderían con los dos meses que se espera que dure este estado excepcional y de paralización de la actividad en el sector. La entidad también habla de la reforma como el segmento más castigado durante el confinamiento.
Andimac ha cifrado en casi 3.000 millones de euros las pérdidas del sector de la reforma y la rehabilitación, como consecuencia de la parálisis de la actividad, tal y como ha matizado, “durante los dos meses que está previsto que se alargue el estado de alarma“.
“Este segmento representa el 75 % del valor de los materiales en edificación residencial (construcción nueva más reforma de edificios y viviendas) y más del 40 % del sector en general”, ha añadido la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Material de Construcción.
Asimisimo, la asociación ha señalado que, entre marzo y mayo, “la caída de actividad en la construcción rondará el 80 %, siendo el mercado de la reforma el segmento más afectado mientras dure el confinamiento“.
Los impagos, como añadido
Andimac tiene claro que a esta situación de cierre de la actividad se le suman “los impagos de buena parte del material suministrado durante los últimos 90 días, que suponen cinco meses de pérdida de liquidez”.
En este sentido, el secretario general de la entidad, Sebastián Molinero, recuerda que “si bien es responsabilidad de todos luchar contra la crisis sanitaria, corresponde a la Administración velar por la Ley de Morosidad, cuyo incumplimiento implica una necesidad de liquidez para el sector de unos 7.000 millones de euros“.
Una situación que, tal y como Molinero advierte, “miles de empresas no podrán soportar debido fundamentalmente a su pequeño tamaño”.
Las medidas del Gobierno: “insuficientes”
Tras la puesta en marcha del primer tramo de avales del ICO este lunes, 6 de abril, Andimac ha lamentado que la cuantía de éstos sea “insuficiente para facilitar la liquidez de las empresas, sobre todo, teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad”.
Por ello, ha propuesto “implementar procedimientos para garantizar los contratos suscritos y debidamente ejecutados y no cobrados por saltarse la Ley; además de habilitar líneas de liquidez que permitan adelantar el cobro de los compromisos comerciales formulados y satisfechos”.
La asociación también considera necesario crear un fondo de garantía de documentación comercial para asumir los compromisos de pago que exceden la Ley de Morosidad a 15 de marzo, y dentro de los vencimientos acordados por las partes en sus contratos comerciales. “Hay que generar mecanismos de financiación europeos que salvaguarden las constantes vitales de pequeñas empresas y autónomos saneados y solventes”, argumenta Molinero.
Cabe mencionar que en nuestro país más de 350.000 trabajadores son autónomos de la construcción y la reforma.
