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Activado el segundo tramo de avales del ICO, destinado solo a pymes y autónomos

Mientras la CNMC investiga el primer tramo, que arrancó hace una semana. Algunas entidades financieras están en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por posibles conductas desleales que podrían estar relacionadas con un falseamiento de la libre competencia.

Luz verde para el segundo tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas y autónomos. El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, aprobó el pasado viernes, 10 de abril, el acuerdo por el que se activa este nuevo tramo de un importe de 20.000 millones de euros.

Según informa Moncloa, éste iguala en importe al anterior y el 100 % de los fondos serán destinados a avales de operaciones de pymes y autónomos. El Consejo de Ministros ha activado este segundo tramo "antes del consumo total del primero, y con el objetivo -asegura el Ejecutivo- de cubrir todas las posibles operaciones en cartera y permitir que entidades que estén cerca de agotar el cupo que tenían asignado en el primer tramo puedan seguir haciendo fluir el crédito".

Los autónomos reiteran su postura

Tras la aprobación de este acuerdo para poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales para pymes y autónomos, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), una vez más, manifestó su malestar con unas medidas que califican de "insuficientes" y volvió a reprochar al Ejecutivo "dejar pasar otra oportunidad más para aprobar la eliminación de la  presentación de las obligaciones tributarias del mes de abril para los autónomos y pequeños empresarios". 

Su presidente, Lorenzo Amor, anunciaba ayer en su cuenta de twitter que esta mañana mantendrá, junto a la vicepresidente ejecutiva de la entidad, Celia Ferrero, una reunión telemática con la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, para trasladarle la realidad, en sus propias palabras, "del caos que están sufriendo la mayoría de autónomos que además quedan fuera de las ayudas puestas en marcha".

En dicho encuentro, Amor ya ha adelantado que le pedirá a la ministra la eliminación de esa cuota de abril, y le recordará, para exigir una rectificación por parte del Ejecutivo, que éste "ha dejado en la cuneta a todas las madres autónomas que han concluido su maternidad en marzo o abril. Ellas no podrán acceder a la prestación por cese de actividad por caida de ingresos del 75 % en marzo al no haber facturado tampoco nada en últimos meses".

Algunas entidades financieras, en el punto de mira de la CNMC

Y son precisamente algunas entidades bancarias las que están en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), porque tras la activación, el pasado 6 de abril, del primer tramo, una vez que el ICO firmó convenios de colaboración con distintas entidades financieras, este organismo ha recibido medio centenar de consultas y denuncias de particulares y empresas.

Según ha hecho público la CNMC, algunas de estas denuncias han dado lugar al inicio de investigaciones relacionadas, entre otras, con el sector financiero. En lo que respecta a este sector (también hay investigaciones abiertas relacionadas con servicios funerarios y el mercado de productos de protección de la salud como los geles hidoalcohólicos), se está analizando la exigencia, por parte de algunas entidades, de una garantía adicional a la concesión de préstamos garantizados con el aval del ICO; en particular, la suscripción de un seguro de vida.

Por ello, la mencionada Comisión está investigando si tal exigencia podría constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en el contexto de la crisis derivada del COVID-19. Pero es que, además, en las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para poner en marcha la línea de avales se especificaba que las entidades financieras no podrían "condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto".

Y en este condicionante, establecido por el propio Ejecutivo, se ha vuelto a incidir tras activar, este viernes, 10 de abril, el segundo tramo de la línea de avales. Reza la nota emitida por el Ejecutivo que el acuerdo alcanzado refuerza y precisa las previsiones del anterior. Entre ellas, se incluye la prohibición de que las entidades comercialicen otros productos o servicios, o condicionen la concesión del préstamo avalado a su contratación".

Más de 44.000 operaciones de financiación, según Moncloa

Según la información que las entidades financieras han registrado ante el ICO tras la activación del primer tramo de la línea de avales, se habrían llevado a cabo más de 44.000 operaciones de financiaciónpor un importe avalado de 3.533 millones de euros, lo que habría permitido la concesión de más de 4.550 millones de euros de financiación. Son datos que ha facilitado Moncloa.

Y siguiendo con esos datos, del total de operaciones, el 99 % correspondería a nuevos préstamos y renovaciones de autónomos y pymes, por un importe avalado de 3.360 millones de euros, para préstamos por más de 4.200 millones de euros. "Un total de 86 entidades financieras han suscrito ya los correspondientes acuerdos de colaboración y pueden, por tanto, distribuir la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten", señala el Ejecutivo. 

Eso sí, matiza que "el volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha".

Buzón de denuncias de la CNMC

El pasado 31 de marzo, la CNMC anunció el lanzamiento de un buzón (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) para centralizar todas las denuncias y consultas relacionadas con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del COVID-19.

Se trata de un canal específico para que ciudadanos y empresas realicen cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia como, por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivos; acuerdos anticompetitivos entre operadores; o conductas desleales consistentes en engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.

Además, este buzón está a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis y poder así evaluar su compatibilidad con las normas de competencia.

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