El Consejo de Ministros de este martes, 26 de mayo, ha realizado un nuevo intento, en forma de Real Decreto, para tratar de solucionar la situación por la que atraviesan pymes y autónomos.
El Gobierno que preside Pedro Sánchez está decidido a que pymes y autónomos dispongan de liquidez. Ése es, al menos, el mensaje que el Ejecutivo está trasladando desde que comenzó a gestionar la crisis del COVID-19.
Por ello, el Consejo de Ministros de este martes, 26 de mayo, ha realizado un nuevo intento, en forma de Real Decreto, para tratar de solucionar esta situación por la que atraviesan “dos colectivos fundamentales para la economía española“, según ha subrayado el Gobierno a través del perfil de La Moncloa en la red social Twitter.
El #CMin aprueba hoy un RD de medidas tributarias para mitigar el impacto del #COVID19 en el tejido productivo español.
El objetivo es dotar de liquidez a #pymes y #autónomos, dos colectivos fundamentales para la economía española.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/3aPJdjnixU
— La Moncloa (@desdelamoncloa) May 26, 2020
Cabe mencionar que hace tan solo unos días, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad denunciaba, precisamente, que la falta de liquidez está ocasionando una “dramática y preocupante” situación entre el colectivo de autónomos, pymes y micropymes.
La nueva batería de medidas
En la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado una nueva batería de medidas, entre las que destacan las siguientes:
- Se aumenta a cuatro meses el periodo de aplazamiento de impuestos sin intereses para pymes y autónomos. El Real Decreto ha modificado la norma anterior que permitía a pymes y autónomos aplazar sus obligaciones tributarias hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, con los tres primeros exentos de intereses. El periodo de carencia se amplía ahora a cuatro meses.
- Se adapta la presentación del Impuesto sobre Sociedades: las empresas podrán realizar una segunda declaración antes del 30 de noviembre, si hay diferencias con la primera, al aprobar las cuentas anuales retrasadas por la pandemia. También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido aprobar.
- Se ha dotado de más recursos a la Seguridad Social para que pueda afrontar, entre otros, el pago de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): 14.002 millones de euros en forma de crédito extraordinario; 16.500 millones a través de un préstamo sin intereses; y dos suplementos de crédito (de 99 y 272 millones) para completar las prestaciones no contributivas y la prestación por hijos a cargo, respectivamente.
- En el ámbito de las telecomunicaciones, se ha aprobado la eliminación de las limitaciones a los usuarios para cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como portabilidad, una restricción cuyo objetivo, al inicio de la pandemia, era contribuir a hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, limitando los desplazamientos físicos, tanto del usuario como de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones. Permanece la obligación extraordinaria, para los operadores, de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios esenciales, hasta que se dé por finalizado el estado de alarma, incluso en el caso de abonados que no hubieran procedido al pago.
