La alianza 'Rehabilitar el Futuro', que integra a los principales actores del sector de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de una veintena de medidas para "activar la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha contra el cambio climático".
Tal y como matizan las empresas del sector, esto se conseguiría "con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos".
En concreto, la propuesta se ha presentado a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, e incluye medidas fiscales, administrativas, financieras y, entre otras, de certificación y seguimiento, en un marco de colaboración público-privada.
En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G)
Una vez establecidos los objetivos, reclaman desed 'Rehabilitar el Futuro', "es necesario el desarrollo de las políticas que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios".
¿Cuáles son las medidas?
- El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
- La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
- La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
- La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
- La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
- El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
- La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
- La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
- La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
- La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
- Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático, que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
- Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.
- La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3 % de su parque edificatorio y elevarlo a un 6 %.
- La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
- El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
- La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones
- Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y municipal.
- Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
- La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.
Hasta 88.000 empleos nuevos al año
En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno remitió hace unos días a la Comisión Europea, se estima -recuerda Anese- que "solo la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos públicos".
Estas actuaciones generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030), que además no se pueden deslocalizar, lo que representa un aumento adicional del 0,44 % sobre el empleo previsto en 2030, con una aportación incremental del 0,47 % al PIB estimado para ese año.
Cabe mencionar que 'Rehabilitar el Futuro' se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward Partners, Anese, A3e y GBCe, como promotores. Desde entonces, se han adherido a la plataforma hasta dieciocho entidades del sector, que aglutinan a un millar de entidades de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.