En plena cuenta atrás para que se eliminen en la región madrileña este tipo de equipos, tal y como establece la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, Agremia señala que su incumplimiento supondrá, a partir del 1 de enero de 2022, importantes sanciones económicas para las comunidades de propietarios.
A partir del 1 de enero de 2022 estarán prohibidas las calderas de carbón en todo el municipio de Madrid.
Esto supone que las comunidades de propietarios que aún disponen de estos equipos tendrán este año, como plazo máximo, para transicionar a equipos mucho más eficientes y sostenibles.
De hecho, y tal y como subraya Agremia, “el incumplimiento de la prohibición del uso de determinados combustibles, potencialmente contaminadores en la atmósfera, puede acarrear una sanción de hasta 20.000 euros para el titular de la instalación (en este caso, la comunidad de propietarios), de acuerdo con el proyecto de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad“.
Plan de ayudas: salas de calderas
La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía afirma que “la mejor opción para acabar durante 2021 con todas las calderas de carbón de la ciudad madrileña es a través del Plan de ayudas anunciado por el Ayuntamiento de Madrid para reemplazar salas de calderas en comunidades de propietarios por otros equipos más eficientes y menos contaminantes”.
De hecho, para 2021, Agremia detalla que “el Ayuntamiento abrirá una segunda convocatoria del Plan Cambia 360, para el que reserva 2 millones de euros para eliminar las 150 calderas de carbón que todavía existen en Madrid (Plan Carbón Cero) y 8,5 millones para sustituir las 4.500 calderas de gasóleo“.
A estas ayudas se suman 1,5 millones de euros para sistemas de climatización eficientes y sostenibles en pymes y 1,3 millones para sistemas de calefacción y agua caliente sin emisiones.
Durante el año pasado, gracias a estas ayudas, se eliminaron una veintena de salas de calderas de carbón en la capital, “pese a situación de pandemia por la COVID-19 y a la suspensión de las juntas de propietarios en las comunidades”, subraya la entidad.
Cabe mencionar que, en 2020, Agremia fue la entidad designada por el Ayuntamiento para gestionar estas ayudas.
