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El retraso en el pago a proveedores aumenta entre las administraciones públicas y las grandes empresas

Una dinámica que rompe la cadena de pagos y hace que un 16 % de las empresas consideren que, si continúan estos plazos, no será posible la viabilidad de sus negocios. Son datos del último 'Informe sobre Morosidad' presentado por la PMcM.

La PMcM acaba de hacer público su 'Informe sobre Morosidad', en el que se estudian los plazos de pago de nuestro país en el 2020. Los datos revelan que "los plazos públicos y los privados se han igualado".

En concreto, en el sector público, el plazo medio de pago a proveedores ha aumentado un 10 %, pasando de los 70 días en 2019 a los 77 en 2020; mientras que, en el sector privado, este incremento ha sido de un 5 %, ampliándose el plazo medio de pago de los 73 días en 2019 a los 77 el año pasado.

Una tendencia, que Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, califica de "preocupante": "Esta podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las Administraciones Públicas (AAPP) frente a los del sector privado".

grafica plazo pagos privado ok

Gráfico con la evolución del plazo medio de pago a proveedores en el sector privado. Fuente: Estudios PMcM.

Cabe mencionar que el plazo máximo legal para las AAPP es de 30 días y para las empresas privadas es de 60 días. En ambos casos se ha retrocedido a los niveles registrados en el año 2015 y 2016 respectivamente.

Las grandes empresas, las que más tardan en pagar

Dentro del sector privado, el 50 % de los encuestados afirma que las grandes empresas son las que más tardan en pagar. En concreto, aquellas que tienen una facturación superior a los 50 millones de euros.

Según los datos del mencionado informe, el 81 % declara que estas superan el plazo legal: el 36 % coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), el 45 % señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días); y solo el 19 % de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

"El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez - ha señalado Cañete - ni tampoco en las Administraciones, que, en una época como la que estamos viviendo, deben ayudar a aumentar la liquidez del tejido empresarial".

Pymes y autónomos, ¿menor viabilidad de sus negocios?

En el otro lado de la balanza, se encuentran las pequeñas empresas y autónomos que comienzan a ver cómo esto está afectando a sus negocios: "Un 16 % de las empresas encuestadas (de un total de 800) ven claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios", ha subrayado Cañete.

Algo que también está provocando que algunas micropymes, pymes y autónomos comiencen incluso a demorar sus pagos: el 26 % de las empresas que están ampliando el plazo de sus pagos son pymes, y el 24 % micropymes y autónomos.

grafica morosidad interior

Imagen de Antoni Cañete presentando de forma virtual el 'Informe sobre Morosidad' de la PMcM.

De hecho, cuando se les pregunta a las empresas encuestadas por su primera opción en caso de necesitar financiación, un 23 % afirma que ampliaría el plazo de pagos a sus proveedores. Un 70 % solicitaría financiación para ello y un 7 % apostaría por la ampliación de capital.

Expectativas para 2021

El 'Informe sobre Morosidad' presentado por la Plataforma también refleja que las expectativas con respecto a que mermen estos plazos de pagos no son muy buenas: Un 48 % considera que aún serán más largos, un 50 % cree que continuarán siendo iguales y el 2 % restante opina que podrían ser más cortos.

Además, los encuestados declaran que "si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11 % reducirían su necesidad de financiación en más de un 40 %, y el 24 % de los encuestados la rebajarían entre un 20 % y un 40 %".

¿Cuál crees que sería la medida más eficaz para reducir la morosidad?

Datos a los que se suma el aún desconocimiento por parte de algunas empresas sobre sus derechos en este asunto (un 40 % aún afirma no conocer la legislación vigente en materia de lucha contra la morosidad). Además de la tendencia casi generalizada a no solicitar los intereses de demora a las empresas deudoras (el 57 % dice que nunca lo hace y el 30 % casi nunca. Un 8 % a menudo y un 5 % siempre).

"Urge a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos, en un contexto marcado por la COVID-19", ha insistido Antoni Cañete.

Cabe recordar que la Ley que supondría la implantación de este régimen está en trámite de enmiendas, que finaliza el próximo 3 de marzo. A partir de ahí los distintos grupos parlamentarios tendrán que volver a presentar sus propuestas.

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