El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición que valida este tipo de prácticas en las comunidades de vecinos. Entidades del sector como CNI o CONAIF llevan meses alertando sobre las consecuencias de que estas solo puedan celebrarse de forma presencial.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley (PNL) para legitimar las juntas de vecinos celebradas de forma telemática.
El pasado jueves era la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien daba luz verde a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular que contó con 36 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
Asociaciones como CNI, CONAIF o CGCAFE (Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España) llevan meses exigiendo al Ejecutivo que se legitime esta modalidad, ante la cantidad de reparaciones o nuevas instalaciones que se están viendo afectadas por esta situación.
Muchas instalaciones serán más costosas
“En general, no se están celebrando las Juntas de propietarios: muchos vecinos tienen miedo a asistir de forma presencial, que es como establece la ley y, además, en la mayoría de los casos, tampoco tienen espacio suficiente en los vecindarios para que se lleven a cabo”, explica a este medio Blanca Gómez, directora de la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores.
“Esto ha hecho – continúa aclarando – que algunas reparaciones y cambios de instalaciones, por ejemplo de calderas, que necesitan de una cierta inversión y, por tanto, ser aprobadas en las Juntas de comunidades de vecinos, estén totalmente paralizadas“.
La directora de CNI nos especifica que también se encuentran en este estado “muchas instalaciones hidráulicas, de climatización, fotovoltaicas y obras necesarias en los edificios que se van dejando. Lo que supone que cuanto más tiempo pase, más se deterioran y luego la reparación será mucho más cara”.
Además, y tal y como han expresado las mencionadas entidades, junto a FEEDA (Federación Empresarial Española de Ascensores) y FENIE, en las dos cartas enviadas durante los últimos meses al Ministerio de Industria, las instalaciones que no se están acometiendo en muchos edificios “son importantes para su seguridad y su eficiencia energética“.
Los plazos de algunas subvenciones… vencen
Otra de las consecuencias de las que CNI ya ha venido alertando es que “las comunidades de propietarios están perdiendo la oportunidad en el aprovechamiento de subvenciones que están actualmente vigentes establecidas por autonomías, ayuntamientos…y a las que no se van a poder acoger por vencimiento de los plazos”.
“Además de – agrega Blanca Gómez – la ejecución de nuevos trabajos necesarios para cumplir con la legislación, como es la instalación de contadores de consumo de acuerdo al RD 736/2020 de Contabilización de Consumos, que establece como fechas límite para solicitar presupuestos el 1 de febrero y el 1 de julio de 2021, para lo cual es preciso reunión de propietarios”.
Si se aprueba esta vía, ¿debería quedarse tras la pandemia?
Desde CNI tienen claro, tal y como afirma Gómez al área de Climatización y Confort de ‘C de Comunicación’, que “no se trata de cambiar la ley, pero sí de sacar adelante una resolución administrativa que permita este tipo de reuniones telemáticas”.
Y, más allá de este tiempo de restricciones de movilidad y proximidad física, “deberían de convertirse en un asunto voluntario“, señala la experta. “Lo ideal sería que se las Juntas de vecinos pudieran hacerse físicamente o de forma virtual, y que sea la propia comunidad de vecinos la que decida cómo hacerlas”, agrega.
“Igual que se ha hecho con las empresas de los distintos sectores en cuanto a su digitalización -ejemplifica la directora de CNI -para adaptarse a la nueva realidad, las comunidades de vecinos también actúan como pequeñas empresas y deberían tener esa adaptación”.
“Al tratarse de una resolución administrativa, publicarse, ya sería una garantía”, dice Blanca Gómez.
Cabe mencionar que el Grupo Parlamentario Socialista presentó el mismo jueves una enmienda, que el Partido Popular aceptó, con el objetivo de delimitar las situaciones en las que las reuniones puedan celebrarse de manera telemática para salvaguardar los derechos de todos los vecinos, principalmente de aquellos que no están adaptados a la realidad digital.
