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¿Son suficientes las sanciones a falsos 'fontaneros'?: la Oficina del Consumidor lo explica

El 100 % de los lectores que han votado en una encuesta realizada por este medio opinan que actualmente "no se sancionan lo suficiente las malas praxis de personas que se hacen pasar por profesionales del sector".

"No se castiga lo suficiente las estafas cometidas por personas que se hacen pasar por profesionales de nuestro sector". Así de claro lo tienen el 100 % de nuestros lectores que han participado en una encuesta que este medio lanzaba la semana pasada, justo tras dar a conocer que "un 'fontanero' ibicenco había sido denunciado por 41 clientes".

En concreto, y así la confirma la Oficina de Consumo de Balears, "hemos recibido 41 reclamaciones relacionadas con incidentes protagonizados por este supuesto fontanero. De ellos, 18 cuentan con una propuesta de sanción".

Una situación que actualmente también se está produciendo en otras comunidades autónomas de nuestro país. Para conocer en profundidad el proceso a la hora de informar sobre malas prácticas o engaños por parte de supuestos 'fontaneros, instaladores de calefacción o climatización', este medio se ha puesto en contacto con la Oficina de Atención al Consumidor de la Comunidad de Madrid.

¿Reclamaciones o arbitrajes?

Lo primero que debe tener en cuenta el consumidor final es que este debe interponer su reclamación en la comunidad autónoma en la que tiene su domicilio.

"Si el reclamante no reside en la misma, y entiende vulnerados sus derechos como consumidor, deberá dirigirse en todo caso al órgano competente en materia de consumo de su Comunidad Autónoma, con independencia del domicilio de la empresa reclamada, a fin de que se realice una intermediación que permita resolver el problema planteado", explican fuentes de la mentionada Oficina.

En este contexto -siguen aclarando-, el cliente final tiene dos vías para reclamar: la reclamación como tal o el arbitraje de consumo (ambos voluntarios).

  • Reclamaciones: es una comunicación que el consumidor dirige a la administración competente cuando se presenta un conflicto o desacuerdo entre él y la empresa o el profesional que le ha vendido el producto o prestado el servicio, poniendo de manifiesto los hechos y solicitando una solución y/o compensación.
  • Arbitrajes de consumo: se trata de un procedimiento voluntario y gratuito de resolución de conflictos. La voluntariedad debe ser por ambas partes, es decir, el empresario ha de aceptar este mecanismo de solución. Las empresas y profesionales pueden adherirse al sistema arbitral de consumo presentando un compromiso a través del cual aceptan someter a esta vía todos los conflictos que en el futuro puedan presentarse con consumidores. El colegio arbitral escuchará a las partes, llevará a cabo la práctica de pruebas (si lo considera oportuno) y emitirá un laudo por escrito que obliga a las dos partes a su cumplimiento y es ejecutivo desde su notificación.

Asimismo, y así lo aclaran estas mismas fuentes, "cuando el consumidor considera que se ha cometido una infracción, se puede interponer una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo".

"Se trata de una comunicación que un consumidor dirige a la administración para informar acerca de unos hechos que pueden constituir una infracción administrativa en materia de consumo, sin que se pretenda obtener una solución, compensación o resarcimiento de daños en particular.
La administración puede iniciar, a partir de esta comunicación, una fase de investigación y comprobación de los hechos denunciados, a través de los servicios de inspección y control", amplían.

"El objetivo de una denuncia en materia de consumo es poner en conocimiento de la autoridad competente unos hechos que se consideran lesivos para los intereses generales de los consumidores, para evitar que se sigan produciendo y afecten a otras personas".

Sanciones ¿cuáles pueden ser?

En cuanto a las sanciones, y cogiendo como referencia la Ley 11/1998 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, pueden ir desde las más leves (hasta los 3.005 euros), pasando por las graves o las muy graves (que pueden superar los 15.000 euros) (que pueden alcanzar los 600.00 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos, bienes o servicios objeto de infracción).

Hay que mencionar que "la autoridad competente para resolver el expediente podrá acordar como sanción accesoria el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el consumidor".

reclamaciones climatizacion encuesta

Imagen de la encuesta lanzada por el áera de Climatización y Confort de C de Comunicación.

Asimismo, y por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para la salud, seguridad o intereses económicos de los consumidores, reincidencia en infracciones análogas o intencionalidad acreditada, la autoridad que adopte la resolución del procedimiento sancionador podrá acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de la empresa o de las personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas.

Una publicidad que se efectuará, al menos y en este caso, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como en los medios de comunicación social que se consideren adecuados para la prevención de futuras conductas infractoras.

"En los supuestos de infracciones muy graves el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio donde se cometió la infracción, por el plazo máximo de cinco años", se especifica en la normativa.

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