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El futuro impuesto sobre gases fluorados es “un atropello fiscal injustificado”: las asociaciones se oponen a su aprobación

20 asociaciones, entre ellas, CNI, AEFYT, AFEC, AMASCAL, CONAIF y FEGECA, han firmado un manifiesto en el que dejan claro que están "en contra" del anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno en el mes de diciembre y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. De aprobarse, el nuevo gravamen entraría en vigor el próximo mes de julio.

Después de algunas semanas de consulta pública del nuevo impuesto sobre gases fluorados propuesto por el Gobierno, las asociaciones del sector acaban de lanzar un manifiesto en el que afirman que están “en contra” del anteproyecto de ley (aún en trámite parlamentario) y explican los por qués.

En concreto, el documento ha sido firmado por 20 asociaciones de los sectores afectados (entre ellas, se encuentran CNI, AEFYT, AFAR, AFEC, AMASCAL, FEGECA y CONAIF): “La medida vendría a encarecer en torno a un 5 % las nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio; así como las instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial”, advierten.

Para estas entidades, el texto legal se trata de “un atropello fiscal injustificado: un impuesto que no está alineado con las políticas de la Unión Europea, que repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos“.

“Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde el año 2014, –argumento esgrimido por el Ejecutivo para llegar a cabo la mencionada modificación del impuesto sobre gases fluorados-, el Gobierno pretende además extender el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas”, señalan.

En este punto, las asociaciones firmantes recuerdan que “España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión de la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas”.

Nuevo impuesto gases fluorados: más consecuencias negativas para el sector

De aprobarse, el nuevo gravamen, tal y como especifica el mencionado texto, “entraría en vigor el próximo mes de julio, de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación, de modo que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias“.

Además -agregan-, “España sería el primer país de la UE en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, desviándose el principio europeo de ‘quien contamina, paga’: otros países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales”.

asociaciones firmantes

Imagen de algunas de las entidades firmantes del manifiesto contra el nuevo impuesto sobre gases fluorados en España.

“De forma paradójica, el nuevo impuesto ‘medioambiental’ penalizaría la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización, o el papel de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la reducción del desperdicio de alimentos”.

“Sus beneficios medioambientales son muy superiores al potencial perjuicio causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera”, ejemplifican las entidades.

Algunas recomendaciones fiscales: ¿ignoradas en el texto?

El manifiesto de estas 20 asociaciones sectoriales también hace hincapié en que el texto actual del anteproyecto de ley “ignora las reflexiones y recomendaciones de los 60 expertos en fiscalidad (entre los que se encuentran antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria) que han intervenido en el ‘Libro blanco para la reforma fiscal en España’, publicado en febrero de 2022″.

En él, se explica que el impuesto sobre gases fluorados “no cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto, ya que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector”.

También se destaca que grava “un consumo sin que el operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería ser objeto de revisión”. “Este tipo de impuestos funcionan mejor en el caso en el que están armonizados a nivel europeo, al reducirse el riesgo de fraude”, se matiza en el Libro blanco.

Hay que mencionar que el futuro impuesto también afecta a los supermercados, la industria alimentaria, la logística y el transporte refrigerado, los electrodomésticos, la automoción... ; y -destaca el manifiesto- “mermaría la competitividad de estos sectores, que facturan más de 130.000 millones de euros y emplean a más de 750.000 personas”.

De ahí que firmen también el manifiesto, entre otras entidades, ALDEFE (Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España), APPLIA (Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos), ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), ATFRIE (Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida), FECE (Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos) y FELAC (Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Indusrtias Afines ).

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