Inicio / Noticias / Sectoriales / La Fiscalía pide cárcel para cuatro empresarios acusados de tráfico ilegal de refrigerantes
GALICIA

La Fiscalía pide cárcel para cuatro empresarios acusados de tráfico ilegal de refrigerantes

La Fiscalía ha solicitado penas de dos años y tres meses de cárcel y multas para cuatro empresarios gallegos y portugueses acusados de vender gases R22, cuyo uso está totalmente prohibido. Los acusados están siendo juzgados desde este martes en la Sala de lo Penal 1 de Vigo.

La Fiscalía ha solicitado penas de dos años y tres meses de cárcel, multas de 66.000 euros y 9 años de inhabilitación para los cuatro empresarios gallegos y portugeses acusados de vender gases R22, cuyo uso está totalmente prohibido. Los acusados están siendo juzgados desde este martes en la Sala de lo Penal 1 de Vigo, según informa el diario Galicia Press

Concretamente, para la empresa que vendía el gas se pide una multa de 72.000 euros y la prohibición de realizar operaciones de comercio con gases refrigerantes durante dos años, mientras que para otra empresa que compraba el producto y lo distribuía, se solicita una multa de 54.000 euros

La operación tuvo lugar en el año 2016, cuando el SEPRONA intervino 37.000 kilogramos de gases R-22 que eran utilizados en buques pesqueros, e investigó a un total de 20 empresas nacionales y extranjeras por el comercio y contrabando ilegal de este gas. En aquel momento, los agentes pudieron constatar que las actividades ilegales podrían haber generado unos beneficios de más de 1 millón de euros, según fuentes de la Guardia Civil. 

Detalles sobre su modus operandi 

La empresa acusada se encargaba de camuflar las cantidades, los destinos reales y el objeto de la actividad, vendiendo el gas a empresas comunitarias, algo que está prohibido. Para comercializar el gas R-22 virgen, “solicitaban licencias de exportación a la Comisión Europea”. De esta manera, lograban “justificarlo en los informes anuales que debían emitir”. Posteriormente, “algunas de las exportaciones las desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles de la UE”, explican desde la Guardia Civil. 

Otra forma de comercializar el gas estaba basada en la “nacionalización de las exportaciones, consiguiendo así evitar el control aduanero de la trazabilidad de una sustancia regulada”, señalan. Con ello, “liquidaban las exportaciones que ya habían sido despachadas y exportaban el gas sin informar a la aduana de la realidad de la materia, evitando así que pudiera ser controlada”. 

Gases R-22 

El R-22 es un gas cuyo uso está prohibido en casi todo el mundo porque afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor. Solo podía ser utilizado por algunos países que contaban con una moratoria hasta el año 2019. 

Sus aplicaciones más frecuentes se relacionan con la producción de frío, especialmente en aparatos de aire acondicionado, o en buques pesqueros que congelan en alta mar sus capturas, como es el caso de las empresas acusadas. 

Sin embargo, según datos de la Guardia Civil, hay empresas españolas y de otros Estados que aún lo siguen utilizando. La causa más habitual por la que se cometen estos delitos medioambientales son los beneficios económicos, ya que el kilo de este producto no supera los 10 euros, mientras que cualquiera de sus sutitutos legales se pagan a un precio medio que ronda los 30 euros. 

Notificar nuevos comentarios
Notificar
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
Scroll al inicio