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En Extremadura, hay más de 1.800 expedientes abiertos a usuarios finales que podrían derivar en sanciones, según la Asociación de Empresarios del Metal.
En Extremadura, hay más de 1.800 expedientes abiertos a usuarios finales que podrían derivar en sanciones, según la Asociación de Empresarios del Metal.

Algunas CC. AA. podrían incumplir la normativa F-Gas, según CONAIF

La confederación ha alertado de que varias CC. AA. no están cumpliendo con su obligación de garantizar que solo los profesionales habilitados puedan manipular gases fluorados, lo que "está poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios e instalaciones".

Varias comunidades autónomas no están cumpliendo con su obligación de garantizar que solo los profesionales habilitados puedan manipular aparatos con gases fluorados. Así lo ha advertido CONAIF, que ha alertado de que esta situación “está poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y las instalaciones que utilizan F-Gas, así como aumentando la posibilidad de causar daños al medio ambiente”. 

Actualmente, solo pueden venderse al usuario aparatos de aire acondicionado, equipos precargados de refrigeración y bombas de calor que no estén herméticamente sellados y cargados con gases fluorados cuando se garantice que la instalación será realizada por una empresa habilitada.

Las comunidades autónomas son las encargadas de fijar un procedimiento en la venta mediante la cumplimentación de dos tipos de documentos por parte del comprador y del comercializador con los que se prueba que la empresa que lleva a cabo la instalación cuenta con la debida habilitación. 

Tal y como aclaran desde CONAIF, el Real Decreto 115/2017 obliga al comprador a remitir al comercializador un documento en el que se acredite que la empresa está habilitada para la instalación. Si no lo hace, el comercializador debe informar a la comunidad autónoma. 

Sin embargo, cinco años después de la entrada en vigor de este Real Decreto, “son varias las comunidades autónomas que no están cumpliendo con su cometido“, según CONAIF. En algunos casos la razón está en la ausencia de órganos competentes a los que poder informar de los incumplimientos, y en otros casos, por no haberlos dotado de recursos y capacidad suficientes para hacer cumplir lo establecido. 

La situación de las CC.AA., al detalle 

Una de las comunidades en las que “se está incumpliendo la normativa que afecta a la comercialización de aparatos con gases fluorados” es Extremadura, donde hay más de 1.800 expedientes abiertos a usuarios finales que podrían derivar en sanciones, según datos de la Asociación de Empresarios del Metal. Sin embargo, la administración autonómica no ha tramitado ninguna sanción porque “no tienen capacidad para ello“. 

El caso de Extremadura se repite en otras comunidades, que se ven incapaces de regular esta situación. Por ejemplo, en Andalucía no existe a día de hoy un órgano designado para llevar a cabo una tarea de control ni cuenta con un procedimiento establecido para recibir los documentos de los comercializadores. 

En las Islas Baleares, sí que existe un órgano autonómico regulador, pero tampoco cuenta con el procedimiento establecido para recibir los documentos de los comercializadores, algo que también ocurre en la Comunidad Valenciana, aunque en este caso si que hay un correo electrónico al que pueden enviarse los documentos. 

Posibles soluciones 

El resultado es que “en gran parte de España no se está haciendo cumplir” la normativa sobre la intervención y competencias de las empresas habilitadas y, con ello, se está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios. Por este motivo, CONAIF ha comunicado esta situación al Minsiterio de Presidencia, la Oficina de Cambio Climático del MITECO, y ha mantenido una ronda de contactos con las diferentes comunidades autónomas para encontrar solución. 

La directora general de CONAIF, Ana María Gascó, ha explicado que “la manipulación de los gases fluorados no puede caer en manos inexpertas, por eso la implicación de las comunidades autónomas en el control de la venta y la instalación por parte de los profesionales habilitados es fundamental de cara a la seguridad de los ciudadanos”. 

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