Desde AMASCAL reconocen que el nuevo Reglamento del impuesto de gases fluorados ha obligado a reconfigurar los sistemas informáticos debido a la modificación en las facturas, lo que supone que las empresas hayan tenido que destinar un mayor número de recursos a gestionar este problema. Además, no descartan que pueda influir negativamente en la demanda de bombas de calor.
Este 1 de octubre se cumplió el primer mes desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento del impuesto de gases fluorados, que afecta a toda la cadena de valor por la modificación del sistema de facturación, que obliga a consignar la cantidad, la clase de gas fluorado y el impuesto en las nuevas facturas. Este medio ha hablado con distribuidores e instaladores para conocer cuál es su situación actual un mes después.
Desde AMASCAL han reconocido que el reglamento está suponiendo una “mayor carga administrativa y un coste mayor para los equipos”, ya que obliga a la reconfiguración de los sistemas informáticos e incluso de gestión de los inventarios, lo que supone la utilización de más recursos por parte de las empresas para lograr esta adaptación.
Además, han subrayado que a día de hoy “no sabemos si va a retraer las ventas de equipos como las bombas de calor, que llevamos años impulsando como parte del proceso de descarbonización”.
Ante la incertidumbre y las dudas que ha generado el nuevo Reglamento, AMASCAL ha solicitado al Ministerio de Hacienda la aclaración de la gestión de este impuesto, sobre todo en relación con los inventarios de equipos anteriores a la entrada en vigor del impuesto el 1 de septiembre, ya que “han quedado varios puntos sujetos a diversas interpretaciones que se deben despejar a la mayor brevedad posible”.
Fin del primer plazo para instaladores
Por su parte, este viernes 30 de septiembre finalizaba el primer plazo clave establecido en el nuevo Reglamento del Impuesto de Gases Fluorados para los instaladores, que obligaba a los profesionales con CAF a declarar sus existencias de gases fluorados, cuyas cuotas tendrán que abonar antes del próximo 30 de noviembre.
Las nuevas directrices han supuesto un duro golpe especialmente para los instaladores que antes contaban con certificado CAF, que ahora desaparece. “Como este impuesto se carga en origen, todos los agentes de la cadena de valor tenemos que pagar este sobrecoste, lo que no deja de ser una recaudación de impuestos encubierta“, señala a este medio José Antonio Vizcaíno, presidente de la Comisión de Climatización de FENIE.
Las subidas en el precio de todos los equipos debido a la carga de este impuesto en el origen ya están entrando en vigor en las tarifas de todos los fabricantes, obligando a los distribuidores a aplicarla a los instaladores, y a éstos a trasladarlas, a su vez, al usuario final.
Además, debido a la eliminación de la figura del CAF, “el nuevo Reglamento da pie a que el intrusismo acceda a los equipos en igualdad de condiciones que cualquier instalador”, como explica José Antonio Vizcaíno.
Para evitar esta situación, durante la fase de exposición pública del real decreto, que tuvo lugar en julio, FENIE propuso mantener esa ventaja competitiva que tenían los instaladores inscritos en el registro de empresas autorizadas para la compra de gases fluorados, pero finalmente, su propuesta no fue incluida en el Reglamento definitivo.
