El mercado ilegal de HFCs es una realidad que, con la aplicación de la nueva reducción de cuota de la F-Gas este 2021, podría acentuarse. Pero, ¿cómo está impactando este contrabando en la cadena de valor del sector? Murli Sukhwani, presidente del área de Datos e Investigación del EFCTC, nos lo cuenta.
¿Cuál es la radiografía que haría ahora mismo del mercado ilegal de HFCs?
Aunque la F-Gas se empezó a aplicar en el año 2015, fue a mediados de 2018 cuando se empezó a detectar que la demanda de este tipo de gases refrigerantes estaba cayendo. Esto hizo que los precios bajaran: algo inaudito en ese momento. El Comité Técnico entonces comenzó a investigar las cifras de importación y exportación y empezamos a ver discrepancias sustanciales con los datos que manejaba la Comisión Europea.
De hecho, esta, al principio, no se creía que esto estuviera pasando y decía que simplemente la demanda se había ido a productos alternativos, por eso los HFCs abundaban en el mercado. Esta fue la versión oficial en aquellos momentos.
Ahora, dos años después, la CE tiene otra postura: entendemos que hay comercio ilegal, pero no es tan gran el volumen.
Los últimos datos que conocemos, relativo al año 2018, ponen sobre la mesa que este comercio ilícito ya supone 1/3 del mercado total, ¿qué ha pasado?
La directiva F-Gas, en su día, se emitió a nivel europeo. Sin pensar que el cumplimiento tendría que estar en los países miembros y no todos ellos tienen las herramientas necesarias para obligar al cumplimiento de esta norma. Algo que en su momento se obvió. De hecho, desde el Comité Técnico hemos informado a países miembro y CE que hay unas lagunas a la hora de cumplir la normativa.
Y, en el caso de España, debemos sumarle a la tasa F-Gas debemos sumarle otra, que al final también se convierte en una problemática que incentiva la aparición de este mercado a raíz del aumento de los precios: la tasa de CO2, que es un impuesto, que lo que hace es aumentar significativamente el coste de los HFCs. Con esta tasa, en España hay un impacto doble.
Atajar este problema de raíz debería ser la solución, ya que terminar con él no es ciencia ficción. Es posible. Pero requiere de una voluntad política clara y determinada.
¿Cómo afecta este mercado ilegal a la cadena de valor de nuestro sector?
Aquí tenemos dos divisiones: los que cumplen la ley y la aplican como todos los miembros del Comité Técnico, y otros que están fuera de la ley.
El impacto para las empresas que están siguiendo la ley es muy importante: tenemos datos de que empresas pequeñas y medianas, donde hay muchas instaladores y distribuidores, han perdido una parte muy significativa de su negocio como consecuencia de este mercado ilegal. Algunas han llegado a perder hasta el 80 % del negocio.
Al final un distribuidor que compra producto a un productor, que tiene cuota de CO2 y que está importando el producto legalmente, la compra a un cierto precio. Pero si detrás viene uno que lo importa ilegalmente, te están atacando desde el punto de vista del precio. Por tanto, no te permite ser competitivo en el mercado. Y aquí es donde radica el problema: la demanda de producto que se importa legamente ha bajado significativamente.
A esto hay que sumarle todo el tema del comercio online. Desde Kroll, una empresa de investigación con la trabajamos este tema, hacen un barrido de las páginas webs, luego hablan con la plataforma de comercio electrónico, sea Ebay o Amazon, por ejemplo, diciéndoles que están anunciando productos ilegales.
Normalmente estas empresas colaboran, pero es muy difícil alcanzar a todas las empresas y comercios electrónicos de todos los países. Al final, el dueño de la plataforma de comercio electrónico no sabe qué es legal o no. Entonces, la misión es informarles vía Kroll: algunos cooperan y otros un poco menos.
¿Y cómo afecta el contrabando de estos refrigerantes a los fabricantes?
Lo que se está diciendo es que los fabricantes quieren ganar dinero, pero éstos han invertido en I+D+i muchísimo dinero para poder inventar moléculas de gases fluorados mucho más sostenibles para poder cumplir la ambición ecológica y medioambiental que tiene la Unión Europea.
Esas moléculas están ahí y se están ofertando. Pero el comercio de este tipo de soluciones más limpias, con el comercio ilegal, se ha parado.
Por tanto, sí hay soluciones sostenibles alternativas en el mercado…
Sí, pero no se están implementando porque hay abundancia de HFCs baratos. Un freno que lo hemos visto desde 2019 y que se ha prolongado en el año 2020.
Hoy en día hay stock acumulado de HFCs seguramente en la cadena de valor, y por ello hemos perdido 3 años en esa transición ecológica. Y esto es un montón de tiempo, sabiendo que las soluciones están ahí.
¿Hay suficiente concienciación?
Hace falta más concienciación. Hay muchas formas de ayudar. Hay que saber a quién estás comprando. Un profesional tiene esa obligación, aunque solo sea por su deformación profesional. Y cuando un instalador compra el producto a mitad de precio, sabe que aquí pasa algo.
Y esta concienciación es fundamental a nivel mundial, no solo de España. Porque lo creamos o no, lo que hacemos en España tiene eco en Rumanía.
Este 2021, se aplica una nueva reducción de cuota (del 55 %), ¿qué previsiones hacen de evolución del mercado ilegal?
La previsión es que la demanda sea muy similar a la que ha habido en 2018, es decir, más alta de lo que debería ser. Y eso va a hacer que la gente pida producto: si la gente pide y no hay suficiente producto, los precios suben. Si estos últimos suben al final se genera el campo de cultivo para que prolifere el comercio ilegal.
Además, cuanto más calor hace, más demanda hay de este tipo de refrigerantes. Por lo que si tenemos una primavera super cálida será perfecto para que entren por la puerta de atrás importaciones ilegales.
Hoy no hay medidas suficientes preventivas para poder pararlo.
Además de esa voluntad y determinación que antes nos comentaba por parte de las administraciones, ¿qué más haría falta para acabar con él?
Desde el Comité abogamos por medidas preventivas como que haya más vigilancia de este mercado y comunicar las aprehensiones que ha habido, ya que se conocen más bien poco. Además de subir exponencialmente las multas a quienes no cumplen la ley.
Una de las vías donde estamos viendo mayor entrada de comercio ilegal es el conocido como ‘procedimiento T1’, que permite traer el producto a Europa con el objetivo final de reexportarlo.
Algunos lo que hace es traer el producto como T1, pero finalmente realizan futuras transacciones y éste acaba apareciendo en un tercer país. Así, las autoridades locales de ese país no tienen ni idea de que eso era un T1. ¿Qué hay que hacer? Al que hace un T1 habría que darle un límite temporal para que lo reexporte, además de que pague una fianza para que finalmente se haga lo que se dice.
Finalmente, y en lo que se refiere a la documentación, se debería de poner no solo cuánto producto viene, sino también el CO2 equivalente del producto.
