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La vorágine fiscal asfixia al sector de la refrigeración

La cadena de valor de la refrigeración se ahoga. Las restricciones normativas que limitan el uso de gases refrigerantes están acorralando cada vez más a las empresas del sector, reduciendo su capacidad de actuación y su margen de maniobra.

Los reglamentos aprobados y los anuncios de la entrada en vigor de nuevas normativas han hecho saltar todas las alarmas también entre los fabricantes de climatización. Y es que, algunas de estas legislaciones ponen en peligro la continuidad de muchas instalaciones que actualmente están en funcionamiento y amenazan incluso con frenar el despliegue de las bombas de calor. 

Una de las noticias que han marcado este 2022 para el sector de la climatización y la refrigeración ha sido la entrada en vigor del Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados, que se hizo efectiva el pasado mes de septiembre. 

Un impuesto injusto y abusivo

Su aprobación por sorpresa y por la puerta de atrás a la vuelta de vacaciones generó asombro y malestar a partes iguales entre las principales asociaciones del sector, que conocieron la noticia cuando vieron el reglamento publicado en el BOE. La ausencia de consenso, el incumplimiento del primer borrador pactado y el escaso margen de tiempo establecido para su aplicación revelan una manera de proceder injusta y abusiva con un sector que está llamado a ser uno de los grandes pilares de la transición energética. 

A efectos prácticos, la normativa ha supuesto un auténtico ‘descalabro‘ para las empresas instaladoras, especialmente a nivel de gestión. Y es que, el nuevo reglamento obliga a los profesionales a replantearse su sistema de facturación, ya que ahora deben consignar en la factura o en un certificado la clase de gas fluorado y la cantidad del mismo, además del impuesto satisfecho por dichos gases. De esta manera, el Ejecutivo traspasa la gestión y tramitación del impuesto de la Agencia Tributaria a las empresas instaladoras. 

Además, el impuesto pasa a gravar la fabricación o importación de equipos precargados, lo que lo aleja ser un tributo medioambiental y desenmascara su afán recaudatorio.

Las consecuencias del nuevo impuesto ya se están haciendo notar en el bolsillo de muchos autónomos. De entrada, el reglamento incrementa los precios de los equipos entre un 5 y un 10 %. Además, los profesionales deben pagar el importe en el momento de la adquisición de los gases, lo que supone hasta el doble del coste en algunos casos.

El nuevo impuesto entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

Temor a la doble imposición 

Más de cuatro meses después de su aprobación, las asociaciones han asumido que la normativa viene para quedarse y que no será objeto de modificación, al menos durante esta legislatura. Y se preparan ya para el próximo escenario de esta escalada restrictiva: una más que posible doble imposición que puede llegar con la normativa europea F-Gas, cuya aprobación está prevista para el 2023.

Lejos de ser meras especulaciones, los temores a esta doble imposición están fundamentados, pues el borrador sobre la normativa F-Gas incluye la aplicación de una tasa que grava el uso de los refrigerantes por valor de 3€/tC02. Sin duda, una nueva zancadilla para un sector que, en plena encrucijada de las restricciones normativas, pide a gritos una tregua para poder ejercer el papel clave que se le exige en la transición ecológica. 

El fin de los gases refrigerantes

Esta nueva tendencia de restricciones normativas puede llevar a los fabricantes a tener que replantearse a la fuerza sus procesos de producción, lo que puede acrecentarse especialmente cuando se dé luz verde a la nueva normativa F-Gas. 

El contenido del borrador, que supone la prohibición de facto de los gases refrigerantes con PCA alto para equipos de aire acondicionado o bombas de calor, requerirá la transformación de muchas instalaciones que ya están funcionamiento y que deberán adaptarse a las nuevas exigencias. De esta manera, muchos ciudadanos que han instalado sistemas de este tipo en casa tendrán que eliminarlos, pues no habrá gases suficientes para mantener las instalaciones en funcionamiento.

Una amenaza para la bomba de calor

Desde AFEC, ya han alertado que esta cascada de restricciones normativas podría suponer un freno al despliegue de los 30.000 modelos de bombas de calor que hay en Europa, que con esta normativa, estaría obligadas a utilizar gases refrigerantes diferentes. Un escenario totalmente inviable y al que costaría adaptarse años, ya que los fabricantes no pueden rediseñar sus gamas de producto de un día para otro.

El foro Tecnofrío reunió el pasado 3 de noviembre a los principales actores del sector de la refrigeración en Madrid para abordar estos desafíos.

Además, la sustitución de equipos en funcionamiento por otros modelos supone una contradicción con el modelo de economía circular que se pretende impulsar desde Europa y que implica compartir, reutilizar, renovar y reciclar los productos existentes durante el mayor tiempo posible con el objetivo de extender al máximo el ciclo de vida de los propios productos.

Los refrigerantes naturales (C02, amoníaco o propano) serán los que mejor se adapten a todo este panorama normativo. Estos gases marcarán el paso a los fabricantes durante los próximos años y se convertirán, si nadie lo remedia, en los únicos supervivientes de la vorágine fiscal que asfixia y arrincona al sector de la refrigeración. 

Os invito a que dejéis vuestros comentarios más abajo. ¡Feliz jueves! 

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