España nunca se ha distinguido por ser un país de buenos pagadores; distraer dineros a la Hacienda Pública hasta hace poco tiempo era motivo de vanagloria en algunos estamentos. Ya lo decía Benito Pérez Galdós, el insigne escritor, en su magnífica novela Miau: “en ninguna parte se pagan menos contribuciones que en España, que el país es esencialmente defraudador”, y algo de ese poso decimonónico ha quedado en el siglo XXI. Así lo constata la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su más reciente informe.
Condiciones abusivas
La entidad revela, en este sentido, que el 65 % de los proveedores mantuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la legislación vigente. Y la misma proporción, 65 %, confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas. Además, para el 60 % de encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (con una facturación superior a 50 millones de euros).
Como se puede apreciar, choca en primer lugar que se mantenga la táctica picaresca, para ser cliente de un gran contratista sobre todo, de exigir la aceptación de condiciones abusivas o de imponer plazos de pago por encima de la ley; es decir, como ha sido moneda común lamentablemente, “envíeme señor proveedor una comunicación o carta en la que desee cobrar en plazos de 180, 210 o más días”; y la empresa proveedora, si es de tamaño pequeño, acaba por tragar el sapo y aceptar.
Supervivencia de pymes y autónomos
Por ello, organizaciones como CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines), ha reclamado al Gobierno, entre otras actuaciones, medidas más firmes y eficaces contra la morosidad, como el establecimiento de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de los plazos de pago, en línea con las demandas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad; la confederación de empresas instaladoras “considera que es fundamental para la supervivencia de su colectivo de 19.000 pymes instaladoras y autónomos instaladores la adopción de medidas que garanticen el cobro dentro de los plazos legales actuales”.
Precisamente, en un contexto de intensa competencia como el actual, los problemas que origina la falta de circulante y de liquidez se ceban especialmente en micropymes y profesionales autónomos, el colectivo más vulnerable que supone más del 95 % de las empresas instaladoras. El miedo a enturbiar la relación con el cliente, e incluso a perderlo, motiva la aceptación de estas imposiciones que practican sobre todo los grandes contratistas. Además, sectores como la construcción o el de energía se encuentran entre los peores pagadores.
Régimen sancionador para la morosidad
Asimismo, a pesar de que el plazo medio de pago del sector privado en 2019 se mantiene lejos de los 60 días que establece la Ley 15/2010, se da la paradoja de que “se redujo ligeramente gracias a la mejora en los pagos de pymes y autónomos”, constata Antoni Cañete, presidente de la Plataforma PMcM. Es decir, el pequeño abona sus facturas en tiempo, cumpliendo la ley, y cobra tarde, mientras el grande siempre encuentra resquicios por donde escapar y aplazar sus obligaciones de pago. El mundo al revés, o como escribía Pérez Galdós con sarcasmo, “el país de los viceversas”.
Así las cosas, la morosidad sigue siendo un quilombo al que es difícil meter mano por el abuso de posición dominante que ejercen las grandes corporaciones (algunas de ellas de relumbrón y cotizadas del IBEX 35) y por la falta de voluntad política para atajarlo. Desde la PMcM recuerdan que la herramienta ya está disponible: la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que quedó bloqueada en el Congreso a pesar de haber sido tomada en consideración por el Pleno de la Cámara por unanimidad hace casi tres años
Parece que el actual Ejecutivo se ha mostrado algo más sensible al problema y la ministra Reyes Maroto se ha comprometido en fechas recientes a que el Gobierno desarrollará un régimen sancionador contra la morosidad, “que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.
Confiemos en que así sea y dejemos atrás el universo galdosiano. La economía nacional, en general, se beneficiará, así como el sector de las instalaciones, en particular.
