El pasado martes, el Parlamento Europeo aprobó la versión última de la Directiva de Eficiencia Energética para Edificios.
Como sabemos, una directiva fija unos objetivos que los estados de la Unión Europea deben cumplir, y para ello existe un periodo de transposición durante el que cada país diseña su propia legislación para alcanzar los objetivos que marca la propia directiva.
Y es en este marco nacional de diseño legislativo donde realmente se definirán las condiciones de aplicación de la norma europea, y su potencial de cumplimiento por parte de España.
El marco general de la directiva, muy resumido, finalmente queda como sigue:
- Rehabilitación de edificios: para 2030 fija el objetivo de renovar el 16 % de los edificios no residenciales menos eficientes, un porcentaje que alcanzaría al 26 % de los edificios con peor rendimiento en 2033.
- En relación a los sistemas de calefacción, las calderas con combustible fósil no podrán ser subvencionadas a partir de 2025. Y fijará 2040 como fecha inicial para la eliminación total del parque de calderas impulsadas por combustibles fósiles.
- Edificios cero emisiones: en 2030 todos los nuevos edificios residenciales y no residenciales deberán diseñarse bajo estos estándares de cero emisiones. Pero ya en 2028 los nuevos edificios públicos en propiedad o utilizados por autoridades públicas deberán ser edificios neutros.
La redacción final de la directiva mantiene, en esencia, los objetivos de las primeras versiones pero no desarrolla vías concretas para su cumplimiento. Así, desaparecen del texto la inclusión de acciones concretas como las ligadas a que las viviendas con menor calificación energética no puedan alquilarse o venderse a partir de 2030. Serán los estados los que definan su hoja de ruta práctica para alcanzar los objetivos.
Y en esta hoja de ruta el demonio está en los detalles. Así, los objetivos marcados por la directiva, como renovar el 16 % de los edificios menos eficientes, implicará determinar qué se entenderá en la transposición por edificios menos eficientes. Si se interpreta las viviendas con calificación energética F o G, como en un primer momento debía ser, nos iríamos a renovar un 16 % del 83 % del parque de viviendas, lo que equivale a unos 3,5 millones. Sin embargo, si fijamos el listón exclusivamente en las viviendas con calificación energética G, los objetivos se verían reducidos a unas 830.000 viviendas.
En todo caso, dado el actual índice de rehabilitación y los horizontes, más que el número creemos que importa el modelo. Un objetivo inalcanzable es por defecto una frustración. La realidad, que es lo que cuenta, nos muestra que estamos ante unas tasas de rehabilitación históricamente bajas (22.000 viviendas en 2023). Por lo tanto, conseguir el menor objetivo para 2030 implicaría alcanzar un promedio de rehabilitación anual de 150.000 viviendas entre 2025 y 2030. Algo que está muy lejos y para lo que lo primero que se va a requerir es fijar una política de rehabilitación realmente intensiva y multidetonante.
