Este tipo de gases se usan en sistemas de refrigeración y están sometidos a una estricta regulación por su potencial de contribuir al calentamiento global
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio internacional ilegal de gases fluorados, sustancias empleadas en sistemas de refrigeración y fuertemente reguladas por su elevado potencial de calentamiento global.
La operación, denominada Gasmot, se ha saldado con diez detenidos y 17 personas investigadas en las provincias de Cuenca, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Jaén, Valencia, Cádiz y Córdoba.
La investigación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectó la venta irregular de estos gases a través de internet por parte de un particular radicado en Cuenca. Las pesquisas posteriores revelaron que formaba parte de una red estructurada dedicada a introducir en el mercado europeo refrigerantes sin cumplir los requisitos legales.
Según fuentes oficiales, el gas procedía mayoritariamente de China y accedía al mercado comunitario a través de Marruecos, Turquía y países del oeste de la Unión Europea. Posteriormente, se distribuía en envases no autorizados para ocultar su origen y evitar los controles asociados al sistema de cuotas europeas que regula su producción e importación.
El entramado eludía además el impuesto nacional sobre gases fluorados y el IVA correspondiente, lo que generaba una ventaja competitiva ilegal frente a distribuidores que operan dentro del marco normativo.
Los gases fluorados pueden tener un potencial de calentamiento global hasta mil veces superior al del dióxido de carbono, lo que explica el endurecimiento regulatorio en torno a su comercialización y uso.
El destino final del producto incluía empresas instaladoras y de mantenimiento de aire acondicionado, talleres de automoción e industrias alimentarias, entre otros sectores que dependen de sistemas de refrigeración para su actividad.
Para las empresas usuarias, la adquisición de refrigerantes fuera de los canales autorizados puede implicar riesgos legales, sanciones administrativas y problemas de seguridad técnica, además de impactos reputacionales asociados al incumplimiento ambiental.
La organización habría comercializado más de 15 toneladas de gases fluorados, generando ingresos superiores a 500.000 euros y evadiendo impuestos por un valor similar.
Durante la fase final de la operación se practicaron ocho registros en domicilios y empresas de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Málaga. Los agentes intervinieron 1.000 envases de gas fluorado, 2.500 kilogramos de producto, 12.500 euros en efectivo y diverso material informático y de telefonía.
La actuación se desarrolló bajo la supervisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Clemente (Cuenca), donde quedaron a disposición judicial los detenidos y los efectos incautados.
Los implicados están siendo investigados por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la propiedad intelectual e industrial y pertenencia a organización criminal.
El caso evidencia la presión regulatoria creciente sobre los gases fluorados en el marco de las políticas europeas de descarbonización. Para distribuidores y empresas de servicios técnicos, refuerza la necesidad de garantizar la trazabilidad del suministro y el cumplimiento normativo en un contexto donde la transición hacia refrigerantes de menor impacto climático se acelera.
Este operativo también pone el foco en la economía sumergida asociada a los refrigerantes y en cómo las distorsiones de precios derivadas del fraude fiscal y regulatorio pueden afectar a la competencia en la cadena de suministro.
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