Esta fue una de las principales conclusiones que se extraen de la Asamblea Abierta celebrada ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). En ella, Antoni Cañete, presidente de la organización, hizo hincapié en la necesidad de implementar, “con urgencia”, la Ley Crea y Crece.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) exige la urgente implementación de la Ley Crea y Crece porque, “aunque contiene medidas que contribuirán a mejorar los plazos de pago en nuestro país, por sí sola no soluciona el problema de la morosidad”. Esta fue una de las conclusiones que expresó Antoni Cañete, presidente de la PMcM, en el marco de la Asamblea Abierta, que se celebró ayer en la sede del Parlamento Europeo (Madrid).
Desde la plataforma, consideran que unas 200.000 empresas (pymes y autónomos) son susceptibles de cierre si no se actúa de manera urgente. Esta estimación se apoya en el contexto actual de inflación y subida de los tipos de interés; en los datos de la Unión Europea sobre que una de cada cuatro quiebras se debe a las facturas impagadas; y en las previsiones como las de Crédito y Caución, que cifran en 171.000 las compañías que ven amenazada su supervivencia por la morosidad.
Por todo ello, Cañete hizo hincapié en la necesidad de que se apliquen las novedades aprobadas en la Ley Crea y Crece: “En especial, que se ejerza, de forma previa, un control de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas (siendo preciso entregar un informe del auditor) como a la contratación pública. También que las grandes empresas compartan públicamente todos los datos sobre los que están dejando de informar”.
Observatorio de la Morosidad
De igual modo, la plataforma exigió la puesta en marcha del Observatorio de Morosidad, en el que esperan tener un papel activo, y alertó de que no debería permitirse que esta institución se constituya de forma sesgada desde un sector financiero, “que está dando informes alterados sobre morosidad”.
En cuanto al ámbito privado, donde se aseveró que algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días), Cañete aludió como solución al régimen sancionador. “Es absolutamente imprescindible que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas, con el fin de reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado. No se entiende que lleve más de dos años en trámite”, expresó.
Por último, el presidente aseguró que la PMcM está trabajando en facilitarle a la Unión Europea información sobre las malas prácticas habituales que continúan produciéndose en el país. En este sentido, Cañete valoró positivamente la posición de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respecto a la Directiva Europea sobre morosidad.
