Economía sumergida en el sector instalador: así intentan frenarla en La Laguna (Islas Canarias)

Según las últimas estimaciones, la economía sumergida de las Islas Canarias ronda el 30 % del Producto Interior Bruto del archipiélago. Es decir, casi un tercio del dinero que se mueve en la comunidad es dinero negro. El sector de las instalaciones de climatización, fontanería, eléctricas y las telecomunicaciones no está exento de esta problemática, tal y como confirman a este medio fuentes de FEMETE y ASINELTE.

De hecho, y según expone la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, FEMETE, los sectores más afectados por la economía sumergida en el archipiélago son: los talleres de reparación de vehículos, las empresas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones y los servicios auxiliares de la construcción, entre los que se encuentran las actividades de fontanería y climatización.

“La pandemia ha agudizado la situación, porque la gente se tiene que buscar la vida y no hay un control efectivo por parte de la Administración”, denuncia Vicente Rodríguez, miembro de la junta directiva de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Tenerife (ASINELTE), en conversación con este medio. “Todos queremos conseguir trabajo, pero no competimos en la misma liga”, añade.

“La economía sumergida nos hace un daño tremendo -continúa-. Porque si a una persona busca solucionar un problema llega alguien y le ofrece un presupuesto mucho más económico que el de una empresa legal, nadie le va a preguntar si tiene un seguro de responsabilidad civil o no, si están dados de alta, si son personal homologado…”.

Vicente Rodríguez señala que los ámbitos más afectados por esta problemática son el de las reformas interiores y rehabilitaciones de viviendas, actuaciones que, en muchas ocasiones, no requieren de un certificado de instalación. “Ha habido casos de empresas de la asociación que han recibido llamadas para arreglar problemas que surgieron a partir de trabajos que se dejaron a medias o que tenían que ver con instalaciones mal hechas“, asegura el representante de ASINELTE.

“Hemos llegado a detectar alguna empresa instaladora -agrega- que ha firmado más de 100 certificados de instalación mensuales con un solo trabajador. En otros casos, ha habido denuncias a instaladores que no sabían ni dónde se encontraba la instalación que habían firmado”, nos cuenta Vicente.

El germen del problema se encuentra en los requisitos que se exigen a la hora de empezar a operar: “Cualquier persona que presente una declaración de responsabilidad jurada en la administración pertinente, al día siguiente, está operando. No le piden seguro de responsabilidad civil, ni certificar si tiene personal homologado, ni le preguntan por la formación… Sí, esa persona se hace responsable, pero si después eso no se controla…“, reflexiona.

¿Cuál es la solución?

“Todo pasa por la implicación de la administración responsable, que hasta ahora miraba para otro lado, no quería complicarse dada la situación actual, aunque el problema de la economía sumergida es algo que llevamos sufriendo de forma importante desde la crisis de 2008. Ahora parece que se perciben ‘otros vientos’ en la Consejería para la Transición ecológica del Gobierno Canario, pero todavía queda mucho camino por recorrer”, señala Vicente Rodríguez.

“Nosotros, como colectivo, también tenemos que implicarnos más y denunciar siempre que detectemos prácticas ilícitas”. En este sentido, matiza Vicente, la tramitación de las denuncias se complica en el momento que es necesario que una persona, con su nombre y apellidos, interponga la denuncia, lo que echa para atrás a muchos de los denunciantes. Por ello, desde ASINELTE, entidad integrada en FEMETE, ayudan a las empresas asociadas a tramitar estas denuncias. 

El primer paso

Por el momento, el primer paso para establecer las bases de la lucha contra la economía sumergida lo ha dado FEMETE, organización que se reunió recientemente con Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, ciudad en la que tienen su sede tanto la Federación como ASINELTE.

Durante este encuentro, ambas partes acordaron que colaborarán en la redacción de un convenio en el que se definirán acciones concretas para detectar profesionales y empresas que operan de forma ilegal y, en su caso, para que sean debidamente sancionadas.

En este sentido, el alcalde de La Laguna calificó como “imprescindible la colaboración estrecha entre las diferentes entidades para, por un lado, identificar y atajar las prácticas ilegales de determinadas empresas del sector del metal, y, por otro, garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras“.