Antoni Cañete: “Los autónomos podrán exigir la imposición de sanciones y medidas cautelares”

La propuesta del nuevo Reglamento, que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad y que será de obligado cumplimiento, prevé sancionar a las empresas y Administraciones Públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo a 30 días.

Según ha declarado a este medio Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), lo que se ha hecho en Europa es un hito histórico: “Por primera vez, las pymes y los autónomos van a disponer de un marco legislativo para, realmente, cobrar bien. Esto va a salvar a muchísimas empresas y puestos de trabajo. También va a hacer que seamos más competitivos y viables como país”.

Y continúa: “Nosotros esperamos que antes de las elecciones del Parlamento Europeo, que son en junio de 2024, el Reglamento ya esté aprobado por la Comisión Europea y por el Consejo de Estado”.

Antoni Cañete: “Inspecciones in situ, sin previo aviso”

Según la propuesta, cada Estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago. “Hay muchas, pero la Comisión Nacional de la Competencia podría ser una”, comenta Cañete.

Entre otras, podrán exigir o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, así como realizar inspecciones in situ, sin previo aviso, en el marco de sus investigaciones y reclamar al deudor que ponga fin a la infracción.

De igual modo, los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Asimismo, el presidente de la PMcM considera que han de ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias” (tal y como se describe en la normativa).

Costes de recuperación: una medida justa

Otro de los puntos más destacados, -indican desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad-, está relacionado con la compensación por los costes de recuperación.

De esta manera, cuando se devenguen intereses de demora, el deudor deberá abonar automáticamente al acreedor una compensación a tanto alzado por los costes de cobro, que ascenderá a una cantidad fija de 50 euros por cada transacción comercial.

“Esta propuesta acaba con la injusticia desmedida que se producía cuando el propio acreedor debía hacerse cargo de los intereses de demora generados por el retraso en el pago por parte del deudor”, finaliza Cañete.