La Inspección de Trabajo (ITSS) ha reforzado las labores detección de fraude en los ERTE con una campaña, centrada en los supuestos de incumplimientos o prácticas irregulares, que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos.
La campaña inspectora, activada desde este mes de julio, además de estar integrada por actuaciones informativas basadas en el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo, “contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares”.
Entre ellas, el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo.
El ITSS ha afirmado que “atenderá todas las denuncias presentadas en la Inspección Provincial correspondiente, que relaten hechos de los que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude vinculado a ERTE como consecuencia del COVID-19 (como la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado, manteniendo personas trabajadoras en ERTE)”.
El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha recordado que cuenta con un buzón ‘online’, accesible en el sitio web de la Inspección de Trabajo y en la web del propio Ministerio que, por medios telemáticos, permite, salvaguardando la identidad de la persona denunciante, comunicar irregularidades relacionadas con los ERTE.
Para Héctor Illueca, director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, “el esfuerzo inversor, que han supuesto los ERTE para proteger el tejido productivo y preservar el empleo, debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos”.
Recordemos que a finales de junio el Gobierno y los agentes sociales alcanzaban un acuerdo para alargar los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre, y por el que se establecían exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social según el tamaño de la empresa, así como los mecanismos de protección del empleo.
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