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Rueda de prensa de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros.

El nuevo SMI de 1.221 euros eleva los costes laborales en el sector en pleno ciclo de recuperación del mercado

Por Alba Merino
La subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada por el Gobierno obliga a las empresas del sector a revisar estructuras salariales y contratos.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, introduce un impacto transversal que también alcanza al sector de la climatización.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros tras el acuerdo del Ministerio de Trabajo y Economía Social con CC.OO. y UGT, sitúa el salario mínimo anual en 17.094 euros, lo que supone un incremento del 3,1 % respecto al ejercicio anterior.

Aunque la patronal no respaldó el pacto, su aplicación inmediata obliga a las empresas HVAC a revisar sus estructuras salariales, especialmente en actividades intensivas en mano de obra técnica.

Blindaje fiscal y gestión de nóminas

Desde el punto de vista operativo, destaca el ajuste aprobado por el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, que adapta la deducción en el IRPF al nuevo SMI. Este “blindaje fiscal” evita que la subida salarial derive en mayores retenciones para los trabajadores con rentas más bajas, neutralizando el denominado “efecto escalón”.

Para las empresas de instalación, mantenimiento y servicios energéticos, la medida aporta previsibilidad en la gestión de nóminas y reduce el riesgo de regularizaciones posteriores.

En un sector donde conviven grandes fabricantes con redes de instaladores y servicios técnicos especializados, el aumento del SMI incide directamente en los costes de personal. Actividades como la instalación de sistemas de aerotermia, el mantenimiento preventivo o la puesta en marcha de equipos requieren mano de obra cualificada y presencial, por lo que el incremento del mínimo legal se traslada rápidamente a la estructura de costes, especialmente en pymes y empresas con márgenes ajustados.

Efectos en precios y contratos

Este impacto se produce en un contexto de recuperación del mercado y creciente demanda de soluciones eficientes y descarbonizadas. El aumento de los costes laborales podría influir en presupuestos de obra, contratos de mantenimiento y precios finales, en un momento en el que la transición energética y las exigencias regulatorias impulsan inversiones en bombas de calor, ventilación eficiente y control de la calidad del aire interior.

Sin incentivos empresariales adicionales

Durante la negociación del SMI, el Ejecutivo planteó incentivos fiscales temporales en el Impuesto de Sociedades para las empresas que elevaran salarios por encima del mínimo, aunque esta opción no prosperó.

En consecuencia, el sector deberá absorber el impacto del incremento salarial en un escenario marcado por la profesionalización creciente, la escasez de técnicos cualificados y la necesidad de atraer talento para sostener el ritmo de electrificación y eficiencia energética que demanda el mercado.

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