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Sumar, ERC y Bildu solicitan ayudas para la climatización de viviendas y edificios

Por Javier EspadaDirector del área de Climatización y Confort
A través de una proposición no de ley que ha sido registrada para debatirse en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, los tres grupos políticos plantean una batería de medidas para reforzar las políticas públicas para hacer frente a la emergencia climática.

Los grupos políticos Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu han registrado una propuesta en el Congreso de los Diputados a través de la que solicitan la creación de ayudas que puedan cubrir hasta el 100 % del coste de la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, garantizando de esta manera que todos los hogares cuenten con un sistema de refrigeración o un equipo de aire acondicionado.

Lo han hecho a través de una proposición no de ley que ha sido registrada para debatirse en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que incluye una batería de medidas para reforzar las políticas públicas para hacer frente a la emergencia climática.

Concretamente, los grupos solicitan impulsar la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, combinando soluciones pasivas (ventilación cruzada, sombreamiento, aislamiento y cubiertas verdes) con sistemas de climatización de alta eficiencia y bajas emisiones como las bombas de calor, la aerotermia y la geotermia.

En este sentido, han planteado la idea de desplegar ayudas de carácter progresivo que puedan sufragar hasta el 100 % del coste.

Tasa ‘Zucman’

Además, los grupos han incluido en la proposición no de ley una reforma fiscal basada en la ‘tasa Zucman’, con la que buscan establecer un suelo impositivo del 2 % anual sobre el patrimonio neto de las personas con una riqueza superior a los 100 millones de euros.

Otras medidas propuestas incluyen el despliegue de una capa ‘verde-azul‘ de infraestructura urbana, la reformulación del impuesto extraordinario a las empresas energéticas en un impuesto ambiental permanente, o la vinculación del Fondo Social para el Clima a la ley de comercio de derechos de emisión.

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