Esta medida, además, no contempla una pérdida salarial. De aprobarse de manera definitiva, sería la primera reducción de la jornada laboral histórica legal desde 1983, año que la fijó en 40 horas semanales.
El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes 4 de febrero el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que fija en 37,5 horas semanales la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Esta medida, además, no contempla una pérdida salarial. De aprobarse de manera definitiva, sería la primera reducción de la jornada laboral histórica legal desde 1983, año que la fijó en 40 horas semanales.
Ahora, comienza su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno deberá conseguir los apoyos necesarios para que el anteproyecto termine convirtiéndose en ley. Un texto que se enmarca en el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC.OO. y UGT y que dejó fuera a las patronales CEOE y Cepyme.
Las claves de la reducción de la jornada laboral
Entrada en vigor
Trabajo persigue que la norma esté ya publicada en el BOE antes del verano, dando a las empresas algunos meses de adaptación. Sin embargo, para la entrada en vigor deben darse algunos pasos previos.
Por un lado, la norma recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estados y del Consejo Económico y Social de España (CES), para volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Se trata de un proceso que se extenderá hasta finales del mes de febrero, según indican fuentes del ministerio en cuestión a Europa Press.
A principios de marzo, el proyecto de ley entrará a votación en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva. Para esta, el Gobierno necesitará una mayoría parlamentaria.
Beneficiarios principales
Las personas trabajadoras sin convenio colectivo son las principales beneficiarias de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o la agricultura (donde las jornadas laborales largas son comunes).
Registro obligatorio
A fin de garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa, el Gobierno establece una serie de requisitos para el registro de la jornada. Se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Digital y fiable, con garantía de autenticidad y trazabilidad.
- Accesible. Debe estar disponible en todo momento para los trabajadores, representantes legales y la Inspección de Trabajo.
- Interoperable. Es decir, compatible con los sistemas utilizados en el sector.
- Inalterable. No se podrá modificar sin dejar rastro.
Derecho a la desconexión digital
Otro de los aspectos fundamentales del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es la protección del derecho a la desconexión digital.
Con esto, las empresas no podrán exigir disponibilidad fuera del horario laboral ni tomar represalias contra quienes no respondan a comunicaciones fuera de su jornada.
Sanciones por incumplimiento
En caso de que exista incumplimiento de la normativa, la empresa en cuestión será sancionada. Así, deberán hacer frente a multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.
Asimismo, si se considera que un incumplimiento pone en riesgo la seguridad y salud de los empleados, podrá ser calificado como una infracción muy grave.
Evaluación y adaptación
El Gobierno también ha anunciado la creación de una Mesa de Diálogo Social para evaluar el impacto de la reducción de la jornada y seguir avanzando para mejorar las condiciones laborales.
Por otro lado, los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva legislación.
CEOE y Cepyme consideran que debe fijarse vía negociación colectiva
Las patronales CEOE y Cepyme consideran que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva y que deben tenerse en cuenta “las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas”, como expresaron en un comunicado conjunto a finales de 2024 y antes de la firma del acuerdo por parte de Trabajo y los sindicatos.
La medida “abocaría a muchas empresas a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y de supervivencia”, aseguraron.
Mientras tanto, entidades del sector HVAC, como FEGiCAT y CONAIF, se opusieron rotundamente a esa reducción de jornada, consultados por este medio. De hecho, con los últimos estudios, la federación catalana estima la pérdida directa de 500 millones de euros en el sector de la instalación en Cataluña. “Supondrá un sobrecoste en el pago de las nóminas para las empresas instaladoras, un descenso de la rentabilidad y un freno a la contratación de personal”, alegaba, entonces, la confederación nacional de instaladores.
Para Yolanda Díaz, “no es una variable económica más, sino un proyecto de país y una medida para modernizar España”. Una de las claves, según explicó, está en que la medida afectará a 12 millones de trabajadores y “las más favorecidas van a ser las mujeres”.
Desde el Ejecutivo consideran que con esta medida, además, se contribuiría a reducir el absentismo laboral o mejorar la productividad, puntos en los que discierne con las patronales.
