El proyecto de ley queda paralizado y devuelto al Ejecutivo, con 178 votos en contra y 170 a favor.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin pérdida salarial, aprobada por el Consejo de Ministros a principios de febrero de 2025, no ha sido validada finalmente en el Congreso de los Diputados este 10 de septiembre. Tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, España continuará, por el momento, con las 40 horas semanales fijadas en 1983. De este modo, el proyecto de ley queda paralizado y devuelto al Ejecutivo, con 178 votos en contra y 170 a favor.
Las críticas a la reducción de la jornada laboral
Los tres grupos que impulsaron el veto han coincidido en criticar la falta de diálogo social y los posibles efectos negativos sobre las pymes españolas. Concretamente, el Partido Popular calificó la propuesta de “ideológica” y “ciencia ficción”, advirtiendo de que podría erosionar salarios y empleos, mientras que Vox consideró la medida “cosmética” y dañina para las pequeñas empresas, acusando al Gobierno de desgastarse internamente.
Por su parte, Junts, que mantuvo la incógnita hasta el último momento, justificó su rechazo alegando que se trataba de una “solución mágica e impuesta”, sin tener en cuenta realidades sectoriales ni territoriales.
El texto, enmarcado en el acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT, dejó fuera a las patronales CEOE y Cepyme. Finalmente, el Gobierno no ha conseguido los apoyos necesarios, lo que supone un duro golpe para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien había hecho de la reducción de la jornada una de las banderas de su legislatura. “Será ley, así que adelante”, insistió tras la derrota, apelando al respaldo social y sindical.
Siguientes pasos desde el Gobierno
A pesar de que la propuesta ha quedado bloqueada, el Ejecutivo no tira la toalla: “Se pierde una votación, pero vamos a ganar esta medida porque no hay marcha atrás”, aseguraba Yolanda Díaz. Junto con ella, otras medidas han quedado en suspenso, como la de reforzar la desconexión digital, con sanciones a las empresas que vulneren los tiempos de descanso. En caso de que el Gobierno retome la reducción de jornada, necesitaría reiniciar todo el proceso: aprobar un nuevo texto en el Consejo de Ministros y volver a presentarlo en el Congreso, algo que no se descarta para 2026.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo estudia cómo salvar partes del paquete. Así, ha lanzado a consulta pública un nuevo registro horario digital, con el objetivo de garantizar que se cumplan las 40 horas actuales, facilitando el control a la Inspección de Trabajo y dando acceso a los sindicatos.
Por otro lado, El Ejecutivo intentará recomponer apoyos en paralelo a la negociación de los Presupuestos de 2026, consciente de que sin Junts difícilmente podrá sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso.
Reacciones enfrentadas
La decisión ha desatado reacciones inmediatas y enfrentadas. Por un lado, los sindicatos UGT (Unión General de Trabajadores) y CC.OO. (Comisiones Obreras) lamentaron lo que consideran un “secuestro de la voluntad popular” y prometen mantener la movilización. Por otro, las patronales CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) y ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) celebraron el resultado, advirtiendo de que la propuesta hubiera supuesto “la puntilla” para muchas pymes y autónomos.
Una “amenaza” para la competitividad
Ya a finales de diciembre, la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGiCAT) expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Según trasladaban, la medida representa “una amenaza” tanto para la competitividad como para la calidad del servicio en el sector. Asimismo, recordaban que las micropymes instaladoras constituyen el 86 % de las empresas con trabajadores en la región.
Por otro lado, podría aumentar los costes laborales y dificultar la contratación de personal cualificado debido a que la escasez de mano de obra es un problema preexistente. Este escenario, a su vez, se podría traducir en tiempos de espera más largos y un encarecimiento de los servicios para los consumidores. Según la federación, la confianza y la satisfacción de estos se vería directamente afectada.
Por último, FEGiCAT subrayaba la importancia de negociar de forma sectorial, “ya que la jornada laboral no puede ser regulada de forma homogénea para todos los sectores”. En la misma línea, Antoni Cañete, presidente de la PMcM y de PIMEC durante una entrevista con el área de Material Eléctrico indicaba: “Esta medida debe ser sectorial y tener en cuenta las diferencias de tamaño empresarial; mientras grandes empresas pueden reorganizar turnos, pequeñas y medianas empresas, especialmente las gestionadas por autónomos, se verían gravemente afectadas”, explicaba.
¿Qué contemplaba la reforma laboral?
El proyecto de ley rechazado incluía varias medidas clave:
1.- Reducción de jornada: fijar en 37,5 horas semanales la duración máxima de la jornada ordinaria, sin pérdida salarial.
2.- Registro obligatorio: instaurar un sistema digital, fiable e inalterable de control horario, accesible a trabajadores, representantes y la Inspección.
3.- Derecho a la desconexión digital: prohibición de exigir disponibilidad fuera del horario laboral y sanciones a empresas que incumplan.
4.- Sanciones: multas de hasta 10.000 euros por trabajador en caso de infracción.
5.- Evaluación y adaptación: creación de una Mesa de Diálogo Social para revisar la aplicación y permitir que los convenios colectivos se adapten hasta finales de 2025.
