"Para ellas, éstas son una obligación, una carga, e intentan retardar lo máximo posible su realización, o la llevan a cabo de una manera muy superficial, simplemente para cumplir el expediente", señala Fernando Agustí, de la consultora de eficiencia energética Energetips.
Aunque son obligatorias desde hace cuatro años para determinadas empresas, las auditorías energéticas son una asignatura pendiente para buena parte de ellas. Éstas son de obligado cumplimiento desde el 14 de febrero de 2016: “Ahora éstas deberían ser renovadas, pero la realidad es que solo unas pocas las hicieron en primera instancia”, ha advertido el director comercial de la consultora de eficiencia energética Energetips, Fernando Agustí, en una información de La Vanguardia.
Éste ha señalado que “la mayor parte de las empresas no perciben la gestión energética como un oportunidad. Para ellas, la realización de una auditoría es una obligación, una carga, e intentan retardar lo máximo posible su realización o la llevan a cabo de una manera muy superficial, simplemente para cumplir con el expediente”.
La medida pretende ayudar a cumplir los nuevos objetivos europeos en materia de eficiencia energética y se gestiona a nivel autonómico. De hecho, “Castilla y León, Andalucía y el País Vasco es donde más se está cumpliendo con la normativa, pero no es así en Madrid o Cataluña, donde se concentran la mayor parte de las empresas”, ha subrayado el gerente de A3e, Antonio López-Nava.
Multas de hasta 60.000 euros
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ha contabilizado 9.008 auditorías energéticas registradas hasta el pasado 31 de enero. Fuentes del departamento afirman al citado periódico que “no se ha impuesto ninguna sanción ni se ha abierto ningún proceso sancionador a aquellas empresas que no han registrado su auditoría energética. El incumplimiento puede comportar multas de hasta 60.000 euros. Tampoco las demás administraciones autonómicas están sancionando a los incumplidores”.
“Sólo se han hecho requerimientos, pero llegará un momento en que sí se empezará a multar”, ha advertido López-Nava. Ésta también alega que ” las auditorías no deben ser vistas como una obligación, sino como una información que permite mejorar la eficiencia energética y ahorrar energía. Te dicen dónde están tus consumos, cuánto podrías ahorrar y qué medidas tendrías que implantar para conseguirlo. Todo lo demás es actuar a ciegas”.
Recordemos que según el Real Decreto, están obligadas a someterse a una auditoría energética aquellas empresas o grupos de sociedades que no sean PYME, de más de 250 empleados o con un volumen de facturación mayor de 50 millones y un balance general mayor de 43 millones de euros.
