La proposición de ley de Junts per Catalunya ha sido admitida a trámite por la Cámara Baja. Ahora es el turno de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Tenemos algunas de las reacciones a la noticia.
El pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de Junts per Catalunya para poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad.
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad este martes, 22 de septiembre, con un total de 344 votos a favor y una abstención.
Multas de hasta un millon de euros
La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad en las operaciones comerciales, medidas de impulso a la transparencia en los plazos de pago en las sociedades mercantiles y un régimen de sanciones.
Las multas pueden ser de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves. Asimismo, la iniciativa legistaltiva recoge la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente.
También se modifica la regulación del IVA, para cambiar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo (establecido actualmente en seis meses) para considerar una factura como incobrable.
Un paso más: reacciones
Tras dar luz verde a su tramitación, ahora es el turno de las enmiendas parlamentarias al texto: “Enhorabuena a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) por su logro. Ahora toca las enmiendas de los grupos parlamentarios. Confiemos”, ha manifestado CNI tras conocer la noticia.
Un pasó más hacia la futura ley contra la morosidad que también la Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM) ha celebrado. No obstante, su presidente, Luis Collado, ha advertido de que “las pymes necesitan con urgencia una regulación de la morosidad”.
“Los 130.000 millones de euros de demora en pagos afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que conforman el 90 % del tejido empresarial”, ha detallado Collado que además “insta a garantizar la cadena de pagos”.
En nuestro sector…
El aumento de la morosidad y la ruptura de la cadena de pagos ha sido desde el comienzo de la crisis provocada por la COVID-19 uno de los principales temores, también, de nuestro sector.
En una entrevista publicada en el número 1 de Cuadernos de Climatización y Confort, el presidente de Conaif, Francisco Alonso, comentaba que este curso “debemos estar especialmente atentos al incremento de la morosidad, un fenómeno que siempre crece en época de crisis”.
Alonso también señalaba que no debemos perder de vista que las empresas instaladoras son en su mayoría pymes y autónomos: “Como dato relevante del impacto de la crisis entre los instaladores, el 88 % de los autónomos de nuestro colectivo solicitó líneas ICO para poder financiarse”.
Sin embargo, otros colectivos como muchas de las empresas distribuidoras que integran Amascal no han sufrido “de momento, una excesiva morosidad”. Su secretaria general, Esther Estévez, nos ha matizado que, pese a tener esta sensación, “en estos momentos, es pronto para evaluarlo”.
“Es cierto que los distribuidores no han solicitado muchas ayudas ICO que ahora tendrían que devolver. Éstos han tirado mucho de stock”, ha añadido Estévez.
Más cifras
Según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las empresas presentes en la Bolsa española, incluyendo las del Ibex 35, tenían facturas por pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros, a los que se suma la deuda de las administraciones de 8.621 millones de euros.
Recordemos que el pasado mes de julio ya el Congreso de los Diputados aprobó el desarrollo del régimen sancionador, pero la decisión “no era vinculante”, tal y como revelaron fuentes del PSOE a este medio.
