Con la reciente aprobación del registro de empresas de fontanería en Galicia, ya son ocho las comunidades que tienen algún control de este tipo en nuestro país. Conaif ha hablado con este medio para recordar el camino que aún queda por recorrer en la regulación del sector.
La entrada en vigor de la llamada “Ley Omnibus” en el año 2009 llevó a muchas comunidades autónomas de nuestro país a desregular la profesión de fontanero, lo que incrementó el intrusismo en el sector y repercutió de manera negativa en la seguridad de las instalaciones y usuarios. Las consecuencias siguen estando presentes a día de hoy.
Actualmente, y tras la aprobación del registro de empresas instaladoras de fontanería en Galicia hace unas semanas, son ya ocho las comunidades autónomas en las que existe algún control de este tipo: Canarias, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Murcia y País Vasco (todas cuentan con un registro de empresas y de instalaciones), la Comunidad de Madrid (que es la única que tiene únicamente un registro de instalaciones), y Galicia (con la reciente creación de un registro de empresas).
La aprobación de un registro de empresas para la comunidad gallega servirá para poner freno a la economía sumergida, tal y como explicaron fuentes de la Junta de Galicia en una información publicada por el área de Climatización y Confort de C de Comunicación.
El objetivo, la regulación en todo el territorio nacional
Así lo entienden también desde asociaciones tan representativas del sector, como Conaif. Su responsable de comunicación, José Cueto, ha explicado a este medio que esta medida “es un primer paso, pero reclamamos una regulación de la profesión en toda España que permita a los instaladores trabajar sin las trabas actuales en cualquier punto del territorio nacional”, señala.
Desde Conaif, no tiene ningún impedimento en reconocer que “se podría hacer mucho más” para seguir avanzando en la regulación de la profesión de fontanero en nuestro país, una “petición mayoritaria” que los profesionales del sector realizan a través de las distintas asociaciones de instaladores.
“La regulación de la profesión, con la recuperación del carné profesional a nivel nacional y los registros de empresas son el método más eficaz para luchar contra la economía sumergida y los altos índices de intrusismo profesional que azotan a la profesión”, sentencia el responsable de comunicación de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos.
