C de Comunicación charla con Juan José Gil, asesor de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), con la idea de arrojar luz a esta nueva norma europea y conocer con más detalle la situación de España, un país donde esta problemática está al alza.
El Parlamento Europeo acaba de dar luz verde al nuevo Reglamento europeo contra la morosidad, una normativa que aún debe aprobarse de manera definitiva. C de Comunicación charla con Juan José Gil, asesor de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), con la idea de arrojar luz a esta nueva norma y conocer con más detalle la situación de España, un país donde esta problemática está al alza.
“El próximo semestre va a ser crucial para ver si finalmente se aprueba el Reglamento y, por tanto, será una realidad en 2025″, explica. Se muestra optimista, pese a las reticencias de algunos países como Alemania o Francia donde, “por su cultura empresarial, no existen estas posiciones de abuso” de las grandes empresas a las pymes.
Por otro lado, y atendiendo a España, recuerda “la entrada en vigor de la facturación electrónica obligatoria” que introdujo la Ley Crea y Crece el pasado mes de octubre del 2022. Esta “les va a ayudar a conocer con mayor detalle, para poder atajar la morosidad”.
Y completa: “La facturación electrónica que entrará para las grandes empresas en 2025 y en el 2026 para todas las empresas y autónomos, también va a permitir tener una herramienta para conocer cómo se producen las transacciones y los pagos aquí en nuestro país. Por tanto, será una herramienta que nos dará mayor información y recursos para poder luchar contra la morosidad”.
Pregunta: ¿Qué puntos destaca de ese nuevo Reglamento europeo contra la morosidad?
R: Dos medidas fundamentales que entiendo como las más destacadas del proyecto: que en el reglamento se contemple la regla de los 30 días y un régimen sancionador que tendrán que aprobar los estados miembros.
P: ¿Por qué?
R: Ahora mismo la legislación habla de 60 días, reducirlo a un un plazo máximo de pago como regla general de 30 días es un avance muy importante. Teniendo en cuenta que en las empresas, principalmente pequeñas y medianas que es lo que representamos en la PMcM, los plazos de pago suelen ser de 30 días, lo que necesitan para poder tener tesorería es que también los cobros por parte de sus clientes, que principalmente son grandes empresas o administraciones públicas, también se llevan a cabo en ese plazo.
Por otro lado, que vaya acompañado de un régimen sancionador para evitar los incumplimientos es una medida que hará efectivo el nuevo Reglamento europeo contra la morosidad. Y pongo aquí como ejemplo a FENADISER (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), organización que también represento, porque en este sector ya contamos desde 2022 con un régimen sancionador de lucha contra la morosidad. Con este régimen hemos conseguido reducir la morosidad que tradicionalmente se arrastraba en el sector del transporte.
P: Con respecto al régimen sancionador dle nuevo Reglamento europeo contra la morosidad, ¿qué se conoce? ¿Hay alguna horquilla de sanciones?
R: El Reglamento europeo deja que sean los estados miembros los que desarrollen a nivel interno esta regulación, con lo que no establece ningún tipo de cuantías económicas o la gravedad de la demora.
Por poner un ejemplo, en el sector del transporte, la cuantía de la sanción oscila en función de cuál es el importe a pagar y el plazo de demora. Es el importe a abonar el que más influye en que la sanción sea leve, grave o muy grave y la cuantía, que oscila entre 1.000 y 6.000 euros, será mayor o menor.
P: ¿Cuáles son los plazos hasta la aprobación definitiva de este nuevo texto?
R: Es un paso muy importante que en el Parlamento Europeo se haya aprobado el texto, aunque todavía falta que el Consejo Europeo de Ministros dé el visto bueno para su aprobación definitiva, con los ministros competentes en materia de economía de los diferentes estados tomen la posición final consensuada con el Parlamento Europeo.
Será ya en el segundo semestre. Si se adopta una decisión favorable, el texto será una realidad en 2025. Hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en un proceso electoral a nivel de la Unión Europea, con lo que esto se producirá el próximo semestre en la UE, cuya presidencia corresponde a Hungría.
P: Se corresponde con el Trílogo, ¿no?
R: Exactamente. En junio son las elecciones europeas. Se estima que será en el segundo semestre cuando ya se produzca el Trílogo, donde también interviene la Comisión Europea. Esta comisión es favorable al proyecto, el parlamento europeo ya lo ha aprobado, ahora falta que el Consejo Europeo dé el último empujón a la norma.
P: ¿Confía en que se apruebe de manera definitiva el nuevo Reglamento europeo contra la morosidad?
R: Confiamos en que la norma sea aprobada, aunque haya estados miembros más reticentes porque no tienen la misma problemática en materia de morosidad y su sensibilidad hacia esta norma no es la misma. De hecho, en la aprobación del nuevo Reglamento europeo contra la morosidad se han incluido algunas excepciones a determinados sectores, sobre todo en aquellos donde la rotación de productos e menor. Pero son sectores muy concretos, por ejemplo en el sector de los libros. La regla general es la de los 30 días.
P: Hay países reticentes. ¿Cómo lo explica?
R: Se trata de países en los que no hay tantas posiciones de abuso como en otros mediterráneos, como Italia o España, donde hay una mayor imposición de condiciones por parte de las grandes empresas sobre las pequeñas. La reticencia se da en estos países en los que, por su propia cultura empresarial, no hay tanta problemática.
En este sentido, nos gusta que la Comisión Europea lo que haya tramitado es un reglamento y no una directiva, para que la aplicación sea de manera uniforme en todo el territorio europeo y cualquier pyme, actúe donde actúe, sepa que las reglas del juego van a ser exactamente iguales en todos los países. Con una directiva se faculta a que cada estado pueda establecer su regulación, sin que tenga por qué coincidir con la de otro país.
P: Y con respecto a estos países, como Francia o Alemania, ¿cómo se puede actuar para que no supongan un freno?
R: Somos optimistas y confiamos en que la norma se aprobará. No obstante, si cuando se vaya a producir el Trílogo observamos que algunos estados miembros siguen mostrándose reacios, vamos a presionar a través de sus asociaciones para que su posición sea favorable al proyecto. Es decir les vamos a pedir a las pymes, a las organizaciones relativas de las pymes de esos países, que presionen a sus gobiernos para que les hagan ver la importancia de esta norma.
Las pymes pueden trabajar en su propio país o pueden internacionalizarse. Aunque sus países no tengan la misma problemática en materia de morosidad, es importante que una vez que internacionalicen su actividad la regulación sea idéntica en todos los estados miembros.
P: ¿Difiere mucho el texto que se aprobó por el Parlamento Europeo, aunque aún no sea definitivo, del presentado inicialmente? ¿Se han hecho muchas modificaciones?
R: Muchas no. Se ha ido flexibilizando atendiendo a las reacciones de algunos sectores específicos, pero podemos decir que la estructura fundamental es la que ya promovió la comisión europea allá por septiembre u octubre del año pasado.
P: Volviendo a España, de 1 a 10, ¿cómo de problemática es la morosidad en el país, donde aún no hay sanciones?
R: Diría que entre un 8 y un 9. Perfectamente podría España establecer un régimen sancionador y es algo que se ha incluido en los programas electorales de los principales partidos políticos. Sin embargo, nunca se ha llevado a la práctica.
Nosotros seguimos insistiendo a los partidos políticos que a nivel nacional se puede establecer y que la prueba de ello la encontramos en sectores como el del transporte, donde su establecimiento ha mejorado sustancialmente los problemas que existían con respecto a la morosidad.
P: ¿A qué presiones están sometidos esos grupos políticos que reconocen en sus programas la necesidad de este tipo de sanciones, pero luego no lo llevan a cabo?
R: Las presiones de las grandes empresas. En momentos en los que hay una inflación alta, como los últimos años, a la empresa que paga le resulta más rentable pagar tarde. Si consigue unos tipos de interés del 2 o 3 %, es un dinero que tiene retenido en vez de entregárselo a su proveedor. Así, está obteniendo una financiación extraordinaria simplemente reteniendo dinero.
Las grandes empresas son las que controlan gran parte de la actividad económica en este país, aunque luego la subcontraten a muchas pequeñas empresas. Se oponen a que existan este tipo de regulaciones y prefieren basarse en la libertad de pactos.
P: ¿Qué puede decirnos sobre el Consejo Estatal de la Pyme, en el que estará reconocida la PMcM?
R: En la ley crea y crece que se aprobó en el año 2022 por el Gobierno para impulsar el crecimiento empresarial recogía un conjunto de medidas muy importantes. Entre ellas, preveía que dentro del Consejo Estatal de las Pymes se creara una sección específica que tratara todos los temas relativos a la morosidad, en la que se incluyeran aquellas organizaciones especializadas en este ámbito.
El Ministerio de Industria y Turismo impulsó ya hace unos meses un proyecto de modificación de Decreto Regulador del Consejo Estatal de las Pymes que está a punto de ser aprobado. Confiamos que se recoja en él la inclusión de la PMcM como única organización que hay a nivel nacional especializada en estos temas de lucha contra la morosidad. El decreto verá la luz en las próximas semanas, antes del verano, en junio.
P: Una vez aprobado, ¿cómo mejorará la PMcM en la lucha contra la morosidad?
R: En ese consejo estatal de pymes están los sindicatos, las organizaciones empresariales, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Es decir, están los pagadores tanto públicos como privados. Ahí vamos a solicitar que se promuevan diferentes grupos de trabajo, el famoso Observatorio de la Morosidad será esclarecedor para ver cómo evoluciona la morosidad en España y qué medidas se pueden poner en marcha para reducir esta situación.
Es algo que nosotros hacemos con recursos limitados una vez al año. Que sea la propia administración la que lo establezca de manera permanente hará que se ofrezcan datos de un universo mayor, lo que ofrecerá un resultado mucho más fiable. Además, nos permitirá conocer estos datos por sectores, porque es cierto que no todos se comportan igual.
