La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha tenido lugar en Murcia y Granada, donde se han incautado 1.885 bombonas. Hay tres personas detenidas y cinco están siendo investigadas por varios delitos. CNI llevaba colaborando en la investigación desde principios de año.
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Región de Murcia han desmantelado una organización que supuestamente se dedicaba al tráfico ilegal de gases fluorados.
La operación, bautizada como ‘Fluoris’, se encuentra en vía judicial y, por el momento, se ha saldado con tres personas detenidas (entre ellas, el supuesto líder de la actividad ilícita) y cinco que están siendo investigadas como presuntas autoras de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública, contra los recursos naturales y el medioambiente.
Tal y como informa la Benemérita en un comunicado, “el SEPRONA y el Área Regional de Vigilancia Aduanera en Murcia abrieron la operación el pasado mes de junio cuando Vigilancia Aduanera solicitó la colaboración de la Guardia Civil para verificar la supuesta comercialización ilegal de envases o cilindros desechables de gases fluorados utilizados, habitualmente, para la refrigeración comercial tanto de espacios comerciales, como de vehículos y camiones de transporte de mercancías perecederas, entre otros usos”.
Más de 1.800 bombonas incautadas
Las pesquisas iniciales permitieron localizar una nave industrial en el municipio de Alhama de Murcia donde, supuestamente, se almacenaban este tipo de productos para su posterior venta.
En concreto, en este lugar se hallaron 889 bombonas que “se encontraban almacenadas en el interior de un contenedor marítimo sin las debidas medidas de seguridad, lo que, a temperaturas que en época estival llegan a alcanzar los 40º, podría haber generado riesgo en los inmuebles colindantes”, subrayan desde el instituto armado español.
Imagen de algunas de las bombonas que pudieron incautarse en la operación “Fluoris”.
A partir de ese momento, la Guardia Civil señala que “decidimos centrar nuestras actuaciones en la detección del proveedor de los productos irregulares a la empresa del municipio murciano quien, según se desprende de la investigación, se dedicaba a traspasar manualmente, con un compresor no homologado, los gases traídos desde Rumanía a botellas recargables”.
Además, este primer enclave condujo a los investigadores hasta la provincia de Granada, lugar del que partían los envases supuestamente almacenados en la nave de Alhama de Murcia.
En esta segunda nave, ubicada en Atarfe, se localizó un almacén clandestino en donde había 996 bombonas no retornables y diversos tipos de gases fluorados, que se encuentran actualmente custodiadas por la Agencia Tributaria.
Los productos hallados en la nave granadina habrían generado, tal y como cifra la Guardia Civil, “unas ganancias de más de 155.000 euros por fraude a la Hacienda Pública en impuestos no abonados, ya que cada uno de los envases vendidos repercute más del 800 % de ganancia con respecto a un envase de gases fluorados debidamente reglamentados y autorizados para su comercialización”.
Colaboración de CNI
En toda esta operación cabe destacar la participación activa de la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores que, desde el pasado mes de febrero, se ha involucrado en esta labor a nivel nacional, ofreciendo una gran cantidad de información al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y participando, a través de sus técnicos, en los operativos policiales de incautación de gases para tomar muestras y emitir informes técnicos.
“Desde que el Servicio de Vigilancia Aduanera ha empezado a trabajar y coordinar la lucha contra el tráfico ilegal de refrigerantes con la estrecha colaboración de CNI, hemos comenzado a ver resultados muy positivos que nos dan esperanza para acabar con este fraude”, señala el presidente de CNI, Javier Cueto.
CNI añade que en la operación ‘Fluoris’, “los informes periciales emitidos por el Laboratorio Central de Aduanas de la Agencia Tributaria sobre las botellas aprehendidas en las dos naves han determinado que, en algunos casos, los gases no se corresponden con el etiquetado de la botella, lo que constituye un presunto delito de estafa, además de implicar un fraude fiscal, dado que esas botellas con etiquetado adulterado no se declaraban, y un problema de competencia desleal en el sector“.
“Los gases fluorados introducidos – siguen detallando – eran de las tipologías R134a, R410a, R507, R407c, R32, R437a, R1234yf, R452, R407h y R22 siendo todos gases que agotan la capa de ozono, siendo considerado el R22 muy peligroso para la capa de ozono estando prohibido por la Unión Europea”.
La Confederación ha hecho sus propias estimaciones en las que cifra en un total de 19.000 kilogramos. los gases incautados en la operación: “Esto supone un total aproximado de 690.000 euros de impuestos evadidos de gases fluorados, 1.500.000 euros de beneficios que podrían haber conseguido los traficantes con la venta ilegal de estos gases y 209.000 euros el coste que podrá tener la destrucción de los refrigerantes incautados en un gestor de residuos”.
