El aplazamiento propuesto por la Comisión Europea permitiría a los países miembros contar con un año adicional (hasta julio de 2027) para adaptar las nuevas regulaciones sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad a su legislación nacional.
Andimac ha valorado de manera positiva la decisión de la Unión Europea de relajar las obligaciones ambientales a las empresas con el fin de aliviarlas de carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a gigantes económicos como China o Estados Unidos.
El aplazamiento permitiría a los países miembros contar con un año adicional, hasta julio de 2027, para adaptar las nuevas regulaciones sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad a su legislación nacional.
Además, la prórroga ambiental se aplicaría a la primera ola de empresas afectadas – aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros– , así como a las compañías extracomunitarias que superen ese umbral, que solo tendrían que aplicar las normas a partir de 2028, de salir adelante la propuesta.
Asimismo, la propuesta prevé que las grandes empresas con más de 250 empleados estarían obligadas a informar sobre sus medidas sociales y ambientales por primera vez en 2028 -correspondientes al ejercicio anterior-, mientras que las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa tendrían que proporcionar la información un año después.
Por otra parte, según la nueva propuesta de la Unión Europea, la obligación de emitir informes de sostenibilidad para las siguientes rondas de empresas afectadas también se retrasaría dos años.
Reducir las cargas burocráticas fomenta la competitividad
Para Andimac, esta medida toma en cuenta la realidad del tejido empresarial europeo, especialmente de las pymes, que conforman la mayoría del sector de la distribución profesional de materiales para la construcción y rehabilitación.
En este sentido, el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha asegurado que “la reducción de las cargas regulatorias y la promoción de regulaciones simplificadas y accesibles que incentiven temporalmente la adopción de buenas prácticas es fundamental para fomentar la competitividad”.
“La decisión de los Veintisiete debe ser un incentivo para hacer bien las cosas a nivel privado, ya que vincular totalmente la sostenibilidad con la fuerza regulatoria o los costes erosiona la identificación de capas crecientes de la sociedad con este compromiso y rebaja la competitividad del sector privado”, ha añadido el propio Molinero.
Próximos pasos en Europa
Esta iniciativa, promovida por la Comisión Europea y respaldada por el voto mayoritario de los Veintisiete, forma parte del paquete normativo conocido como Ómnibus I, que propone posponer la entrada en vigor de directivas clave como la Ley de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Ley de Diligencia Debida Corporativa (CSDDD).
Tras la aprobación de esta medida por parte de la Comisión Europea, el Consejo tendrá que defender esta posición en sus negociaciones con la Eurocámara, que en abril respaldó el texto del Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen por 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones.
