La representación de Saltoki en la Comisión de Trabajo del Parlament de Cataluña señaló, durante su intervención, que "entendemos que la decisión de aplicar o no un convenio colectivo la tiene que tomar un juez".
El responsable de Saltoki en Barberá del Vallés, Miguel Angulo, junto a compañeros de Recursos Humanos y del departamento jurídico de la compañía, alegó “no saber qué hacemos aquí”, en el Parlament de Cataluña, en la Comisión de Trabajo, para dar respuesta a la postura de FeSMC-UGT sobre la “persecución y acoso sindical” en dicha delegación del distribuidor, después de que un trabajador -y hasta hace un tiempo, delegado sindical de la empresa- pidiera a la entidad la aplicación del convenio colectivo.
De esta manera, tras la aprobación de una moción de apoyo a la UGT y a los trabajadores por parte del Ayuntamiento de Barberá del Vallés, se exigió a las partes implicadas -Saltoki, el comité de empresa en Barberá del Vallés y el empleado en cuestión- comparecer ante los grupos parlamentarios. La primera intervención la realizaron los miembros del distribuidor profesional para defenderse de las acusaciones vertidas por la sección sindical de UGT en Saltoki Barberá del Vallés.
Saltoki: “La aplicación o no de un convenio lo decidirá un juez”
Durante su primera intervención, Miquel Angulo centró parte de su comparecencia en la actividad de la empresa, la plantilla, los salarios y los horarios, tratando de mostrar que “las condiciones de la empresa son bastante mejores que las que impone un convenio”, tal y como defendería una de las asesoras legales de la compañía, minutos más tarde. En lo que respecta a las reclamaciones en curso, desde la dirección de la delegación de Saltoki, aseguraron que existe “un único procedimiento, señalado para el 8 de octubre de 2025, de una demanda interpuesta por el sindicato UGT reclamando la aplicación del Convenio Colectivo del sector de Materiales de Construcción de Barcelona“.
Eso sí, tanto la representación de la compañía como el comité de empresa de Saltoki Barberá del Vallés negaron la existencia de “ningún tipo de acoso” hacia el trabajador demandante. Asimismo, la asesora fiscal de Saltoki señaló que “no vamos a entrar en si procede o no la aplicación de un convenio colectivo, pues lo defenderemos en sala (judicial)”. En este sentido, añadió que “entendemos que esa decisión (la de aplicar un convenio colectivo) la tiene que tomar un juez”.
Por su parte, el comité de empresa destacó las bondades de la compañía, respecto a los horarios, la flexibilidad en las entradas y salidas, la ayuda a la conciliación, las horas de trabajo y las vacaciones, así como reiterar que “tampoco sabemos qué hacemos aquí”. “Somos el comité de empresa, democráticamente elegido”, respondieron, así, al señalamiento de UGT sobre “amenazas a la plantilla para revocar, en su día, al delegado sindical”.
Una estrategia empresarial “deliberada y sostenida en el tiempo”
El último en intervenir en la Comisión de Trabajo del Parlamento de Cataluña fue Manuel Pallarés, miembro revocado del comité de empresa y actual miembro de la sección sindical de UGT en Saltoki Barberá. En su comparecencia, Pallarés defendió su postura de que “esto no es una historia de incidentes aislados, sino el relato de una estrategia empresarial deliberada y sostenida en el tiempo para reprimir la libertad sindical“.
Durante su tiempo de intervención, Pallarés argumentó su punto de vista sobre el proceder de la compañía y solicitó que “se activen las medidas necesarias para garantizar el respeto al derecho constitucional de la libertad sindical, que no exista persecución sindical y que Saltoki sea responsable de sus actos”. Y cerró turno de palabra, incrédulo: “No me puedo creer que los trabajadores no quieran que se aplique un convenio. No me puedo creer que si a un trabajador se le dice que ganará entre 200 y 300 euros más al mes, y una paga extra adicional, diga que no lo quiere”.
Después de casi dos horas y media de intervenciones, se dio por concluida la Comisión de Trabajo en el Parlament de Cataluña.
Una vez realizada la exposición de las partes y dependiendo de la resolución de los grupos parlamentarios, las fuentes sindicales no descartan acudir a los tribunales de justicia competentes. “Ya se han interpuesto cuatro denuncias a Inspección de Trabajo y una resolución favorable nos apoyaría a dar ese paso e ir más allá”.
