Según sostienen desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, “esta situación dificulta conocer los plazos reales de pago y el nivel de endeudamiento, lo que conlleva riesgos para los inversores, auditores y supervisores”.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha elaborado un análisis de los informes anuales de las grandes empresas cotizadas, del cual se desprende que numerosas compañías reportan de forma insuficiente sobre los pagos a proveedores en sus memorias anuales. No obstante, el nuevo Reglamento Europeo 2024/1317 les obliga a especificar mecanismos como el confirming, los aplazamientos o la cesión de cobro.
“El confirming no puede seguir utilizándose como un artificio contable para simular pagos ya efectuados. La regulación europea es clara y establece que las empresas deben detallar las condiciones de estos acuerdos, ya que afectan a la liquidez y al riesgo financiero. La transparencia no es opcional”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la PMcM.
El Reglamento 2024/1317, que modifica las NIIF 7 y NIC 7, obliga a revelar explícitamente las condiciones de los contratos de confirming (importes, plazos, garantías y documentos descontados por proveedores).
Acuerdos de confirming
La comparación de informes anuales de grandes sociedades de sectores como la construcción, las telecomunicaciones y los servicios revela una gran diferencia en la contabilidad y el nivel de detalle sobre los acuerdos de confirming. Mientras que algunas empresas son claras respecto a sus mecanismos, otras omiten cualquier referencia, lo que impide determinar si carecen de estos instrumentos o simplemente no los revelan.
Tal y como trasladan desde la PMcM, el principal problema reside en que la falta de uniformidad impide comparar la situación financiera entre compañías. Esta opacidad complica conocer con precisión el nivel de endeudamiento, los plazos de pago a proveedores y el impacto en la liquidez del confirming, además de ocultar riesgos financieros para auditores, inversores y supervisores.
Todo ello ocurre en un contexto en el que los plazos de pago siguen incumpliéndose de manera generalizada. De acuerdo con los datos del Banco de España, el plazo medio de pago entre empresas cotizadas se situó en 136 días durante el segundo semestre de 2024. Por su parte, el Informe sobre Morosidad, elaborado por la PMcM, señala que un 61 % de los proveedores sufrió retrasos superiores a lo permitido y, pese a ello, la gran mayoría no reclamó los recargos legales.
“Esta situación impacta directamente en la liquidez de las pymes, reduce su capacidad de inversión y las hace más susceptibles frente a cualquier crisis económica”, argumenta Cañete.
Acción coordinada
Por este motivo, la PMcM remitirá las conclusiones de su análisis a diversos organismos para que tomen medidas urgentes. Entre ellos, se encuentran la Comisión Europea, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Asociación Española de Auditores y Economistas (AESA), y los responsables de Compliance de diversas grandes compañías, incluidos los de las auditoras.
“En España, aún persiste la disparidad en la aplicación de estas obligaciones, por lo que reclamamos una acción coordinada entre reguladores, supervisores, auditores y empresas para asegurar el cumplimiento efectivo”, apunta.
Del mismo modo, el presidente de la PMcM confía en que próximamente se tramite el nuevo reglamento europeo contra la morosidad, de tal manera que sea “un instrumento efectivo para disminuir la morosidad, fortalecer la liquidez de las compañías más frágiles y favorecer un mayor crecimiento de la economía española”.
