Al frente de la comisión española se encuentra Luis Collado, presidente de AECIM y del Observatorio de la Morosidad de Cepyme. De igual modo, está compuesta por otros miembros del Observatorio, como Francisco Alonso, presidente de CONAIF.
Una delegación de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) se ha reunido en Bruselas con representantes de diversas instituciones europeas, entre ellas, el Grupo de Empleo del Comité Económico y Social Europeo y SME United (asociación europea de pymes), para avanzar en las propuestas españolas ante la nueva directiva de morosidad.
En estos momentos, la Comisión Europea está preparando una regulación para poner freno a la creciente morosidad (todavía no está claro si será en forma de reglamento o directiva), “que afecta a la mayoría de los países europeos y que supone un enorme perjuicio para las empresas, ya que compromete su liquidez y viabilidad”, explican desde AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid).
Al frente de la comisión española se encuentra Luis Collado, presidente de AECIM y del Observatorio de la Morosidad de Cepyme. De igual modo, está compuesta por otros miembros del Observatorio, como Francisco Alonso, presidente de CONAIF; Vicente Lafuente, vicepresidente de Cepyme y presidente de Femeval; Luis Aribayos, secretario general de Cepyme; o Alfredo Berges, presidente de Anfalum.
Dicha delegación, está colaborando en la elaboración de esta regulación y, para ello, está participando en varias reuniones de trabajo en Bruselas, con el fin de aportar la visión de las pymes españolas y de trasladar una serie de propuestas.
Nueva directiva de morosidad: recomendaciones españolas
Entre las recomendaciones, -continúan desde la asociación-, se ha defendido que la nueva directiva europea de morosidad regule, de forma específica, el retraso de pago en las transacciones comerciales de ámbito privado y no solo se ciña a las de ámbito público.
Además, se ha hecho especial hincapié en la necesidad de diferenciar entre las situaciones de morosidad y de impago, en facilitar medios para garantizar los pagos y en homogeneizar, a nivel europeo, el modo en el que se mide el periodo de pago para que las pymes puedan trabajar en igualdad de condiciones.
“Es decir, que se definan con claridad los criterios para determinar el momento del inicio del cómputo de los plazos para entender que se produce la situación de morosidad y que se establezcan medios para poder supervisar que los pagos se realicen en los plazos establecidos por la directiva”, aseveran.
Y concluyen: “Asimismo, se han analizado las diferentes posibilidades de control existentes para el cumplimiento de la normativa y las consecuencias que pueden suponer, especialmente, para las pymes”.
